La semana que ha transcurrido, el Gobierno de México recibió una amenaza fuerte por parte del presidente Trump, quien señaló en un mitin en Arizona que pronto iniciará la ofensiva por tierra en territorio mexicano contra los cárteles, y que lo hará con toda la fuerza, dado que el primero no ha podido combatirlos. Reafirmó que no han actuado, que no han empezado, pero lo tienen que hacer.
Tienen que actuar, pues los cárteles tienen el control del país y el Gobierno no ha podido contra ellos... los cárteles gobiernan México. “Sabemos dónde están todos los malos. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, agregó el mandatario, quien consideró que “México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”.
También la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), del Tesoro de EU, sancionó una red de lavado de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, integrada por 4 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste, entre ellos los empresarios Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, y Pablo César Guajardo Álvarez, Takia, identificado como actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo jefe de sicarios de la organización; también se han sancionado a las empresas Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), y la de transporte Tamex Leasing / Tamex Logistics también entró a la lista por trasladar en sus tráileres dos cargamentos ocultos de cocaína. Junto a estas acciones, anteriormente 46 sujetos (21 personas físicas y 25 personas morales) pertenecientes al Cártel de Sinaloa y vinculados al gobierno de Baja California, tuvieron impacto inmediato en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que decidió bloquear cuentas y activos de dichos sujetos, lo mismo hizo con activos ligados al Cártel del Noreste.
Esta acción del gobierno estadounidense impacta al grupo empresarial con intereses en carreras de caballos cuarto de milla, con lavado de dinero y en construcción, transporte y comercialización de combustibles, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otros municipios del norte del país. La sanción muestra que Washington combate a los cárteles más allá de sus líderes y operadores armados, ya que incluye empresas aparentemente legales, utilizadas para generar ingresos, mover recursos o facilitar operaciones criminales.
Así, el CDN, como los otros cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ha logrado insertarse en industrias fronterizas, contratos gubernamentales y procesos políticos locales. En consecuencia, los bienes de los sancionados caerán bajo jurisdicción estadounidense, serán bloqueados y otras personas tienen prohibido realizar, salvo autorización, operaciones con ellos. Las Instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar riesgos adicionales si facilitan transacciones significativas.
Sin embargo, estas acciones y mensajes del presidente Trump y de la estructura de gobierno de EU no han calado entre el gobierno y la clase política mexicana, de ahí que esté presente el grito “Ahí viene el lobo”, y se vea como simple amenaza verbal o mentira de campaña.