El escándalo que terminó con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral tuvo una consecuencia reveladora: Claudia Sheinbaum pidió revisar también los contratos de la administración de Lorenzo Córdova, quien dejó el cargo hace más de tres años.
La Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar los recursos públicos, sin importar quién los haya administrado. Pero si van a examinar el pasado del INE, inevitablemente habrá que comparar lo que aquella institución hizo por la democracia mexicana.
Entre abril de 2014 y abril de 2023, el INE no se limitó a organizar elecciones. Puso en funcionamiento el sistema nacional electoral surgido de la reforma de 2014 y homologó procedimientos en todo el país.
Según el balance presentado por Córdova en febrero de 2023, había organizado 331 procesos, con una alternancia de alrededor del 62%, que se aproximaba al 70% en las gubernaturas. Millones de ciudadanos pudieron utilizar su voto para cambiar gobiernos.
Morena fue el principal beneficiario de aquella competencia. Con ese INE, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia en 2018 y su partido amplió considerablemente su presencia territorial.
También se ampliaron derechos. En diciembre de 2017 el Consejo General aprobó un protocolo para garantizar que las personas trans pudieran votar sin discriminación por diferencias entre su apariencia y los datos o la fotografía de su credencial.
En febrero de 2023 se autorizó incorporar el identificador «X» para personas no binarias.
Para las elecciones de 2021 se ampliaron las acciones afirmativas que obligaron a los partidos a postular a personas de sectores históricamente excluidos.
El balance posterior del INE registró 65 diputaciones: 36 indígenas, 11 migrantes, ocho de personas con discapacidad, seis afromexicanas y cuatro de la diversidad sexual.
Durante aquella administración se fortaleció la credencialización de mexicanos en el extranjero y se desarrolló el voto por Internet. A ello se sumó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que buscaba fortalecer la participación ciudadana más allá de las urnas.
Antes de las elecciones de 2018, el Instituto firmó un convenio con Facebook para promover la participación y difundir información electoral.
Yo presencié cuando Lorenzo Córdova capacitó personalmente a medios sobre el proceso electoral, el lenguaje correcto para cubrirlo y las claves para promover una participación legítima e informada en el universo digital.
Todos esos avances respondieron a resoluciones judiciales y demandas sociales. No fueron obra de una sola persona.
Claro que la administración de Córdova tuvo cuestionamientos y muchas controversias. Sus resultados no la eximen de ninguna auditoría, pero el profesionalismo de aquel equipo no va a desaparecer detrás de una revisión contable y menos si se compara con el saliente.
Y otro contraste merece atención:
Durante el gobierno de López Obrador, el INE de Córdova enfrentó descalificaciones, disputas presupuestales e intentos de modificar su estructura mediante reformas electorales.
Cuando Taddei fue elegida en 2023, el discurso presidencial dio un giro radical: López Obrador la calificó de honesta e íntegra. Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, celebró su compromiso con la austeridad republicana. Ambos se equivocaron.
La reforma electoral de octubre de 2024 permitió a la primera presidentA del INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin los ocho votos del Consejo General que antes se requerían.
Se concentró en ella todo el poder y se redujo el contrapeso dentro de una institución cuyo trabajo depende de la experiencia técnica y las decisiones colegiadas.
A ello se sumó la polémica distribución de diputaciones de 2024: Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54.7% de la votación total, pero consiguieron 364 curules, el 72.8% de la Cámara.
Suficiente para aprobar reformas constitucionales en San Lázaro sin la oposición, aunque su aprobación definitiva requiere también al Senado y a las legislaturas locales.
El Tribunal Electoral confirmó el reparto, aplicando el límite de sobrerrepresentación por partido, no por coalición. La distancia entre votos y curules quedó intacta.
El deterioro de la confianza en el INE comenzó a aparecer en las mediciones. Pasó del 73% en 2022 al 59% en 2025: 14 puntos porcentuales menos. Hoy, ya está por los suelos.
El desenlace del capítulo Taddei en el INE difícilmente podría ser peor. Los videos y demás revelaciones sobre presuntas irregularidades en contratos y sus turbios manejos, profundizan el descrédito de la administración que tenía uno de los encargos más delicados de la función pública: organizar las elecciones.
Que la Auditoría Superior de la Federación investigue a Lorenzo Córdova todo lo que corresponda, cada contrato y cada peso. El resultado que sea, difícilmente superará la vulgaridad de la corrupción de la que Guadalupe Taddei fue capaz.