La presunta red de corrupción en las contrataciones electorales plantea una pregunta que trasciende a Guadalupe Taddei y sus colaboradores: ¿dónde estaban las autoridades encargadas de detectar estas irregularidades durante tantos años?
El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, principalmente con organismos electorales estatales. Se investiga una posible simulación de competencia en licitaciones de materiales electorales.
La explicación oficial apunta hacia atrás. El entramado habría comenzado durante administraciones anteriores. Es un dato relevante, pero insuficiente para explicar cómo pudo mantenerse durante gobiernos de distintos signos políticos.
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¿Y el primer piso de la Cuarta Transformación?
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el INE encabezado por Lorenzo Córdova fue objeto de una confrontación política permanente. Se cuestionaron sus presupuestos, decisiones, consejeros y hasta su legitimidad institucional. El discurso gubernamental colocó al organismo entre sus adversarios predilectos.
Resulta pertinente preguntar por qué, mientras se libraba aquella batalla pública, las instancias federales de inteligencia financiera y fiscalización no advirtieron, o al menos no hicieron públicas, evidencias suficientes sobre este presunto entramado empresarial.
¿No había información? ¿Faltó coordinación? ¿Se investigó sin resultados? ¿O simplemente las prioridades institucionales estaban en otra parte?
La Unidad de Inteligencia Financiera, utilizada durante aquel sexenio en investigaciones que también alcanzaron a periodistas críticos del Gobierno, enfrenta ahora preguntas sobre su actuación anterior. Que hoy intervenga en las indagatorias no responde qué conocía entonces ni qué hizo con esa información.
También debe rendir cuentas el Órgano Interno de Control. Su titular habla de un problema histórico y estructural, pero esa definición obliga precisamente a examinar los mecanismos de vigilancia que permitieron su continuidad.
Hay 18 expedientes abiertos y cinco procedimientos de responsabilidad administrativa. Son investigaciones preliminares, no sentencias. La presunción de inocencia debe respetarse, incluida la de los funcionarios y empresarios señalados.
Mientras tanto, el INE estudia recurrir a proveedores internacionales para las elecciones de 2027. Diversificar las contrataciones puede reducir riesgos de concentración, aunque tampoco garantiza por sí mismo transparencia ni mejores condiciones.
Políticamente, el Gobierno tiene derecho a señalar que las irregularidades investigadas comenzaron antes de Morena. Lo que no puede hacer esa cronología es sustituir la rendición de cuentas correspondiente a cada administración.
La pregunta sobre Taddei y sus vínculos es indispensable. También lo es preguntar por quienes combatieron políticamente al INE mientras las contrataciones cuestionadas continuaban.
La investigación debe alcanzar a proveedores, funcionarios, órganos de control y autoridades que pudieron haber recibido alertas. Sin excepciones temporales ni partidistas.
Porque si el problema atravesó gobiernos, la responsabilidad de esclarecerlo también debe atravesarlos. Y porque denunciar hoy lo que no se detectó ayer exige algo más que encontrar culpables en el pasado.
Audiencias. A partir de hoy radio y televisión nacional advertirán cuando emiten información, cuando opinión y cuando publicidad. Avispados para elegir personas juzgadoras pero incapaces para distinguir la gimnasia de la magnesia.
Ecos de mazazo
