Lo que vimos difundirse el martes desde Tabasco —supuestamente desde Tabasco— fue un video de inquietud profunda. Eso es lo evidente y lo malo es que siempre se puede poner peor.
Andy López Beltrán se tardó diez largos minutos en decir nada nuevo. Que conoció a Amílcar Olán —todos ya lo sabíamos—, negar negocios con él y desacreditar a quienes lo cuestionan. Muy predecible.
Contó a qué se dedicaba el empresario cuando lo conoció en Villahermosa —también ya lo sabíamos— y negó haber intervenido para favorecerlo con contratos públicos, pero sin responder al detalle de los señalamientos que lo presentan como su socio o gestor de beneficios ante dependencias de gobierno.
Después pasó a la campaña de desprestigio. Andy se victimizó y pasó lista a empresarios y periodistas, pero sin explicar qué elementos desmienten los señalamientos en los que todos coinciden.
Después vino lo del FBI. Andy sostuvo que agentes estadounidenses ofrecieron protección e inmunidad al contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna y a su familia para involucrarlo a él y a su padre Andrés Manuel López Obrador.
Pero ¿cómo lo sabe? ¿Quién se lo contó? ¿Qué documento o testimonio respalda su versión? Eso no lo especificó.
El mismo hombre que exige pruebas para cada señalamiento en su contra, se concede un privilegio extraordinario: lanzar una acusación internacional y darla por explicada en el mismo párrafo.
Y por último lanzó una profecía. Andy aseguró que no existe ni existirá prueba de su participación en los ilícitos que le atribuyen.
Esa certeza sobre el futuro despide un cierto olor a desesperación. Como si algo le apurara a desacreditar por adelantado lo que aún pudiera revelarse.
Es ese mismo guion que ya hemos leído antes, en entornos familiares similares, con esa suerte de síndrome que ataca con cierta frecuencia hijos de presidentes y expresidentes.
Y es que, como dice el refrán, “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, y las debilidades de la condición humana se acentúan cuando se carece de fortaleza moral para asimilar una posición de poder.
Vamos a Panamá, año 2016. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, rechazaron los señalamientos que los vinculaban con el cobro de sobornos de Odebrecht y denunciaron una campaña mediática en su contra.
Cinco años después, en diciembre de 2021, ambos se declararon culpables en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero, y en mayo de 2022 fueron condenados a tres años de prisión cada uno.
Su propio padre difundió en sus redes sociales un comunicado de su vocero sobre la sentencia, acompañado de las palabras “sin comentarios”.
Perú, año 2022. Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por tráfico de influencias agravado en el caso Mamanivideos. Había conversaciones grabadas.
En enero de 2024, la Corte Suprema confirmó la condena, pero suspendió su ejecución y lo sujetó a reglas de conducta.
Argentina, año 2017. Máximo Kirchner, hijo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, denunció una campaña de persecución y hostigamiento:
“Jamás participé en maniobras de lavado de activos de origen ilícito ni mucho menos integré una asociación criminal”, dijo en su momento.
Ese año fue procesado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Hoy enfrenta el juicio por Los Sauces, sin una condena en esa causa y amparado por la presunción de inocencia. Su desenlace sigue pendiente.
Guinea Ecuatorial, año 2017. Teodorín Obiang, hijo del presidente de ese país y, a su vez, vicepresidente, fue condenado en Francia a tres años de prisión por blanqueo de dinero procedente de prácticas ilícitas.
En 2020, la justicia francesa mantuvo la prisión suspendida y le impuso una multa de 30 millones de euros, además de la confiscación de bienes, entre ellos una mansión en París. La condena quedó firme en 2021.
Senegal, año 2015, Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. Salió de la cárcel en junio de 2016 gracias a un indulto presidencial.
Son historias distintas, condenas diferentes, penas suspendidas o procesos sin sentencia. Todas recuerdan que un apellido presidencial no garantiza una absolución ni la impunidad.
A Andy López Beltrán le toca responder por los señalamientos que pesan sobre él y por sus propios actos.
Su video, con ese guion burdo, mal escrito y tan empeñado en repartir culpas, terminó por exhibir lo que parece una urgencia: desmentir un señalamiento, quizá lapidario, aun antes de que aparezca...