En muchas ocasiones, mirar afuera sirve para mirarse a uno mismo.
Las elecciones en Estados Unidos, donde los demócratas recuperaron el control del Congreso, recuerdan una función elemental de la democracia: permitir que los ciudadanos castiguen al gobierno y le impongan límites. El resultado no resuelve por sí solo los problemas estadounidenses, pero muestra que el poder puede encontrar resistencias en las urnas. Desde México, uno termina preguntándose por las condiciones en las que nosotros llegaremos a la siguiente elección.
Con el paso del tiempo seguimos discutiendo qué es la democracia y cuánto puede resistir. Puede convivir con la violencia, la corrupción y el populismo. Esa convivencia, sin embargo, está lejos de ser una buena señal. Habla de un Estado de derecho debilitado, del desgaste de la ética pública y de un cinismo que se utiliza políticamente: todos son corruptos, todos hacen lo mismo y, por lo tanto, nadie tiene autoridad moral para reclamar.
La corrupción es un cáncer que desgasta las instituciones. El caso de Guadalupe Taddei ha abierto una crisis en el INE por las presuntas irregularidades en sus contrataciones, pero también por el uso político del escándalo. Su renuncia dejó investigaciones abiertas, una presidencia provisional y una estructura en revisión. El Instituto reportó 30 bajas por renuncia. La responsabilidad de cada persona deberá acreditarse, aunque el daño a la confianza pública ya está hecho.
Desde Morena se acusa a la oposición de desacreditar al árbitro para justificar una futura derrota con denuncias de fraude. Desde la oposición se acusa al oficialismo de haber capturado al Instituto para preparar ese fraude. Ninguna versión sustituye las pruebas, pero hay una diferencia: el aparato de justicia está políticamente del lado del oficialismo. La Fiscalía que deberá investigar está encabezada por una exfuncionaria del Gobierno federal. Morena y la oposición tienen capacidades distintas para incidir en las instituciones que decidirán a quién investigar y con qué consecuencias.
La corrupción y su denuncia han marcado buena parte de nuestra política reciente. La Cuarta Transformación llegó al poder impulsada por el hartazgo frente a la corrupción del PRI y la promesa de terminar con ella. Hoy, los señalamientos contra políticos mexicanos también sirven a Estados Unidos como instrumento de presión. El caso Taddei compromete al órgano encargado de organizar nuestras elecciones. Denunciar la corrupción en México sirve para ganar elecciones, desplazar funcionarios y justificar el control de instituciones, pero no para erradicarla.
El problema se agrava cuando el combate a la corrupción depende de la conveniencia política. Los adversarios se investigan, los aliados se defienden y las responsabilidades se buscan en administraciones anteriores. Sheinbaum ha insistido en que la red de proveedores precede a Taddei. Si es así, debe investigarse. Pero su antigüedad no explica por qué siguió operando ni absuelve a quienes tenían la obligación de vigilarla.
En vez de revisar el problema de fondo desde el Estado, se prefiere regular la actividad de los privados y su relación con el Gobierno, sin examinar de forma integral cómo se relacionan los servidores públicos con esos privados. Se complican los procesos de compras públicas y contrataciones y, cuando persiste la discrecionalidad, suben el precio de las comisiones ilegales. Los requisitos se acumulan mientras crecen los espacios para la corrupción.
La ASF anunció un estudio de las adquisiciones electorales entre el año 2000 y 2025. La ley permite investigar ejercicios anteriores bajo supuestos específicos, pero la pregunta de fondo es por qué no bastaron las revisiones anuales de la Cuenta Pública para detectar y corregir lo que ahora se investiga. ¿Qué se observó y qué seguimiento se dio? Volver sobre 25 años también obliga a revisar a quienes debían fiscalizar.
En el INE se discute quién conocía a quién para no discutir qué permitió la reforma de 2024: que su presidencia nombrara directamente a directores y titulares de unidades técnicas, desplazando al Consejo General. Concentrar decisiones y retirar contrapesos facilita los abusos. Es la misma lógica de un Congreso que aprueba sin resistencia lo que envía el Ejecutivo. Reducir el caso a relaciones personales evita revisar un diseño institucional que permite ejercer el poder sin rendir cuentas.
No sabemos qué resultará de la elección de 2027, pero las señales son preocupantes. Una democracia necesita que perder sea posible y que el resultado sea creíble. Hoy, antes de discutir si se respetará el voto, ya está bajo sospecha hasta cómo compraron los crayones para marcarlo.