Abe Fortas fue un abogado estadounidense cercano al presidente Lyndon B. Johnson y ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos entre 1965 y 1969. Antes había sido uno de los abogados más influyentes de Washington y participó en casos relevantes sobre derechos civiles. Johnson intentó convertirlo en presidente de la Corte en 1968.
Para 1969, Fortas renunció a la Suprema Corte después de que salieran a la luz relaciones personales y financieras que pusieron en duda su imparcialidad como ministro, ya que recibió 20 mil dólares de una fundación controlada por la familia de un empresario acusado de manipulación bursátil y, aunque devolvió el dinero y negó haber actuado incorrectamente, el problema no era solamente legal, sino ético: un ministro de la Corte no sólo tiene que ser imparcial, también tiene que evitar todo aquello que haga parecer lo contrario.
En México tenemos a Lenia Batres, quien con su comportamiento aparenta todo menos ser una ministra. Vamos a explicarlo mejor: Lenia decidió que toda diferencia dentro de la Suprema Corte es un pleito personal, si sus compañeros cuestionan un proyecto, denuncia simple animadversión; si sus compañeros encuentran contradicciones en sus exposiciones, ella sugiere que existe un trasfondo político; si el presidente de la Corte sigue el protocolo para ceder la palabra, vienen los reclamos; y sumémosle a todo eso que ahora, con total descaro, dijo que lo mejor sería guardar algunos asuntos para después de que se resuelva quién presidirá la Corte el próximo año, o sea, ya se hace presidenta. Yasmín Esquivel tuvo que recordarle públicamente que las objeciones a uno de sus proyectos eran técnicas y no tenían nada que ver con la sucesión, hasta parece increíble que en el máximo tribunal del país haya que explicar que seis ministros pueden estar en desacuerdo con una ponencia sin que detrás exista una conspiración. Sin embargo, ése es justamente el problema con Lenia: cualquier observación termina convirtiéndose en un agravio y cualquier decisión tomada por la mayoría que no le favorezca, necesita una explicación distinta a la más sencilla, o sea, que su proyecto no convenció.

Mayer, ¿hasta dónde el cobijo azul?
Entre un cúmulo de situaciones, salta el caso del ISSSTE, el cual resulta todavía más delicado porque ahí ya no se habla solamente de la ministra haciendo un berrinche, sino de algo que por simple ética la ministra debió manejarse con mucho más cuidado. La Corte discutió un caso relacionado con una presunta negligencia médica del ISSSTE, institución cuyo director general es Martí Batres, o sea, su hermano, y el proyecto que ella propuso negaba el amparo al considerar prescrita la reclamación. Podrán explicar veinte veces que el caso se originó años antes de que Martí llegara al instituto y que jurídicamente no existe una responsabilidad personal de su hermano, pero precisamente por eso resultaba tan sencillo evitar cualquier duda al excusarse. No porque una ley necesariamente se lo ordenara, sino porque un ministro de la Corte debería entender que la imparcialidad también se cuida, evitando situaciones donde hasta la apariencia de un conflicto termina ensuciando la discusión, sin embargo, ella decidió quedarse, defender el proyecto y protagonizar otra sesión tan enredada que los otros cinco ministros terminaron mostrando desconfianza sobre la manera en que incorporaría las modificaciones aprobadas por la mayoría. Si para ella eso no era motivo suficiente para hacerse a un lado, seguramente también habrá que esperar a que su hermano aparezca sentado junto a una de las partes para considerar que existe algún problema.
A todo esto sobre la peleonera Lenia, hay que agregar la polémica sobre sus estudios, porque resulta bastante curioso que una ministra de la Suprema Corte tenga que salir en video a presumir un título y explicar que su universidad “no es Oxford ni Harvard, sino mexicana” después de que comenzaron los cuestionamientos. En el currículum que ella misma presentó ante el INE, su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato aparecía todavía “en curso” en 2024 y otro doctorado, en Estudios de la Ciudad, figuraba con titulación pendiente; ahora asegura que terminó el primero y mostró el título, además de llamar “carroñeros” a periodistas que cuestionaron el tema. Nadie está diciendo que no haya estudiado, pero tampoco le ayuda mucho que mientras debería ocupar sus tiempos libres en explicar sentencias, termine explicando la validez de sus títulos, peleándose con periodistas, confrontándose con ministros y hablando de la presidencia de la Corte que podría corresponderle en 2027, según una de las interpretaciones constitucionales actualmente en discusión. Imaginen nada más si finalmente llega a presidirla: si hoy cada voto contrario lo toma como una afrenta personal, cada crítica le incomoda y todo cuestionamiento se convierte en pleito de vecindad (a eso sí le sabe), tendremos una Suprema Corte con presidenta, ministra, vocera, defensora de sus propios proyectos y, si le queda tiempo, también árbitro de sus propios pleitos.
Reenviado
“Abe Fortas estuvo a punto de presidir la Suprema Corte y un año después estaba fuera de ella. La ética no siempre te quita la razón jurídica, pero sí puede quitarte el cargo”.

El costo de las tropelías
