Hace unos días, Luis de Llano presentó una disculpa pública como parte de las medidas de reparación ordenadas por los tribunales. Sin embargo, más allá de su carácter obligatorio, vale la pena detenerse en la forma en que está construida esa disculpa y, sobre todo, en lo que dice y en lo que omite.
En su mensaje, Luis de Llano afirma: “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada, derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal, por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80...”.
La frase cumple con un propósito jurídico evidente: reconocer formalmente una responsabilidad, determinada por una resolución judicial. Pero una disculpa pública, especialmente en casos de violencia y abuso de poder, debería aspirar a algo más que satisfacer una exigencia legal.
Pedir perdón no es lo mismo que acatar una sentencia.
Desde feminista, una disculpa auténtica supone reconocer el daño causado, asumir responsabilidad personal por los actos cometidos y mostrar empatía hacia quien sufrió sus consecuencias. Su valor no radica únicamente en la aceptación de una obligación jurídica, sino en la capacidad de nombrar lo ocurrido, reconocer el sufrimiento provocado y enviar un mensaje claro de que aquello nunca debió suceder.
Por eso llama la atención que el texto de Luis de Llano esté dominado por expresiones técnicas como “responsabilidad civil”, “carácter ilícito” o “asimetría temporal”. Son conceptos perfectamente válidos dentro de un expediente judicial, pero resultan insuficientes cuando lo que se espera es un acto de reconocimiento humano.
El lenguaje jurídico sirve de pantalla y los hechos quedan encapsulados en fórmulas legales que los vuelven abstractos. La desigualdad que existía entre un hombre adulto y una adolescente se transforma en una fría “asimetría temporal”. El daño concreto se diluye en tecnicismos. La experiencia de la víctima desaparece detrás de categorías procesales.
Reconocer una sentencia no siempre implica reconocer el daño.
Las disculpas públicas tienen una función que va mucho más allá de las partes involucradas. No sólo buscan ofrecer una reparación simbólica a quien fue agraviada; también tienen una dimensión social. Son una oportunidad para visibilizar relaciones de poder que durante décadas fueron normalizadas y para enviar un mensaje inequívoco de rechazo a conductas que afectan especialmente a niñas y adolescentes.
Cuando una disculpa evita nombrar con claridad esas desigualdades, prescinde de cualquier expresión de empatía y se refugia en el lenguaje técnico, pierde buena parte de su capacidad reparadora.
Porque hay una diferencia fundamental entre decir “acato lo que resolvió un juez” y decir “reconozco el daño que causé”. Y precisamente en esa distancia parece encontrarse el verdadero significado de esta disculpa pública.