Desde hace casi un lustro Inés Gómez Mont ha sido publicitada como la dirigente de una organización vinculada a un presunto desvío de recursos de origen público por más de 2 mil quinientos millones de pesos, específicamente del sistema penitenciario federal, cuando el hidalguense Osorio Chong era titular en Gobernación.
La cifra y la presunta posición de líder de la banda definieron la narrativa oficial, que tomó una dimensión política enorme. Sin embargo, la orden de aprehensión emitida por Zeferin Hernández cuenta una historia diferente.
El juez le atribuyó casi 179 millones de pesos, por un error aritmético garrafal, porque tomó la suma de varios depósitos y se los atribuyó a la Gómez Mont, cuando en realidad sus cuentas revelan un ingreso por poco más de 14 millones, entre 2016 y 2018.
La fiscalía ha presentado a la conductora de televisión como dirigente de una supuesta organización criminal, pero el juez sentenció en la propia orden de aprehensión que no estaba acreditado ese liderazgo. Lo único que se ha corroborado es que si recibió recursos en el mismo rango jerárquico que otros beneficiarios. Los registros bancarios identifican a más de 350 receptores distintos, entre personas físicas y empresas.
Gómez Mont ha sido publicitada desde hace años como cabeza de una sofisticada red de factureros; en noviembre de 2018 esta persona suscribió un acuerdo reparatorio para solventar estos casos, ante la Procuraduría Federal, que era una medida para no ir a juicio; el SAT reconoce pagos por 10.9 millones de pesos, correspondientes a 2016.
Sin embargo la fiscalía cuestiona las facultades del SAT para intervenir en el acuerdo, al considerar que existía una diferencia de 2.6 millones, que fueron cubiertos en el 2019.
Esta historia tiene un actor secundario, que casi nadie menciona, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien firmó la denuncia contra Gómez Mont en el 2021; curiosamente lo hizo en domingo, invocando que lo hacía por suplencia del titular de Hacienda, pero este funcionario no tenia la autoridad para hacer esto ya que antes de él pudieron haber firmado 3 subsecretarios de Hacienda.
No fue la única vez que se tomó atribuciones que no tenía, el domingo 15 de agosto del mismo año, Romero Arando promovió la denuncia contra los científicos del CONACYT, que terminó desinflándose en los tribunales.
Meses después, el 11 de diciembre se publicó una investigación sobre este personaje, Procurador Fiscal, que le atribuían operaciones de evasión, la UIF investigaba a Romero Aranda por posibles irregularidades fiscales, después de recibir una denuncia por extorsión contra funcionarios de la Procuraduría Fiscal y abogados de despachos vinculados con el señalado funcionario.
En aquella época se sostenía que Rogelio Ramíorez de la O, secretario de Hacienda en ese momento, había solicitado información a la UIF tras conocer que Romero habría presentado denuncias por lavado de dinero, sin hacerlo de su conocimiento y al margen de sus atribuciones.
El 15 de diciembre del año en cuestión López Obrador destituyó a Romero Aranda de la Procuraduría Fiscal, dejando al garete los expedientes de Inés Gómez Mont, la denuncia de los Científicos, y los cuestionamientos y denuncias sobre su actuación pública.
Pudo una acusación de alto impacto haber adquirido, con el paso del tiempo, una dimensión política, mediática y judicial mayor a las verdaderas pruebas acusatorias contra Inés, hasta convertirse en una versión difícil de revisar, corregir y sostener. No se trata de creerle a la acusada o de señalar a la fiscalía, sino de revisar los documentos que sostienen la acusación y que las autoridades expliquen las discrepancias.
En un estado de derecho las acusaciones se sostienen con pruebas y no a través de inventos y gritos.
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