El presupuesto de egresos es una de las formas más claras de entender las prioridades y las intenciones de un gobierno.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 10.64 billones de pesos para 2027, equivalente al 27% del PIB estimado para el próximo año. El gasto estará orientado a mantener programas sociales, financiar infraestructura y sostener servicios públicos. Eso si todo sale como lo presupuestamos…
El presupuesto está respaldado por una Ley de Ingresos aprobada por el Congreso hace unas semanas, que estima ingresos por 9.16 billones de pesos y 1.48 billones financiados con deuda. Es decir, aproximadamente catorce de cada cien pesos del gasto requerirán financiamiento. La Ley de Ingresos para 2027 procura no aumentar los impuestos en bienes de consumo, pero amplía su base de recaudación limitando las deducciones a los grandes contribuyentes.
El presupuesto se divide en gasto programable, para programas, operación y servicios, y no programable, que cubre obligaciones financieras y transferencias a los estados. Este último representa 30% del presupuesto.
El gasto programable representa 70% del presupuesto. De esa bolsa, 60% se destina a operación, nómina y subsidios; 25%, a pensiones; y 15%, a inversión. Es decir, buena parte también financia obligaciones y compromisos existentes por lo que la posibilidad de mover recursos para empujar nuevas prioridades del gobierno actual es limitada.
Los programas sociales prioritarios recibirán alrededor de 1.03 billones de pesos. Más de la mitad corresponde a la pensión para adultos mayores; 18.5%, a las tres principales becas educativas. Los principales ejecutores son Bienestar, de Leticia Ramírez; Educación Pública, de Mario Delgado; Trabajo, de Marath Bolaños; y Agricultura, de Columba López.
El gasto federal en salud rondará 1.11 billones y en educación, 1.26 billones: 2.8% y 3.2% del PIB, respectivamente. La OPS recomienda al menos 6% para salud; la UNESCO, entre 4% y 6% para educación, por lo que el gasto en estas materias sigue siendo bajo.
Por función, se destinarán 75,671 millones a orden público y seguridad interior; 166,741 millones a seguridad nacional; y 129 mil 603 millones a justicia. En conjunto, suman unos 372 mil millones: 0.94% del PIB, un presupuesto bajo para un país que adolece en esta materia.
La inversión física federal rondará 1.03 billones de pesos, prácticamente lo mismo que los programas sociales prioritarios. Pemex absorberá casi una cuarta parte; CFE, 6%; los nuevos trenes de pasajeros, cerca de 15%, entre ellos Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato y Querétaro-Saltillo. La inversión física equivale a 2.6% del PIB; como referencia, la inversión del gobierno general promedió 3.5% en la OCDE en 2024. La apuesta del gobierno es que la inversión en energía y ferrocarriles eleve la productividad y atraiga inversión privada. Para que eso ocurra, las obras deben terminarse a tiempo, conectarse entre sí y generar beneficios pronto.
El INE, en plena crisis de legitimidad y para año electoral, fue el gran perdedor del reparto. La Cámara de Diputados le recortó 6 mil millones a su solicitud de 42 mil 274.5 millones para 2027. Los recursos se reasignaron a La Escuela es Nuestra, educación inicial, medio ambiente, aviación civil, búsqueda de personas, mujeres y turismo. El recorte equivale a 14.2% de lo solicitado.
Otro gran monto es el costo financiero: 1.57 billones de pesos para intereses, comisiones y otros costos, incluidos apoyos bancarios. Se gastará más en este concepto que en toda la inversión física federal. Además, la meta de déficit amplio quedó en 3.9% del PIB, frente al 3.5% previsto en abril.
Para sostener la inversión pública tiene que salir casi todo bien el próximo año. Debe haber crecimiento suficiente para cumplir la recaudación esperada por Hacienda, tasas de interés contenidas dentro de lo esperado y que Pemex reduzca su dependencia del respaldo federal. Si ese equilibrio falla, habrá que elegir entre más deuda, con la presión que implica sobre la confianza de las calificadoras, o menos servicios y proyectos de inversión.
Esto genera presión en un entorno de demandas salariales y de pensiones, con protestas del personal del IMSS, del INE y del magisterio de la CNTE. Así, hay poco margen para reducir presupuesto en servicios, mucho menos en programas sociales, por lo que la inversión queda expuesta a recortes. Hacerlo así es un balazo en el pie: debilita el crecimiento que permitiría financiar los compromisos del gobierno. El riesgo es entrar en un círculo vicioso: recurrir a más deuda para sostener obligaciones corrientes, mientras se posponen las inversiones que ampliarían los ingresos futuros.