GENTE COMO UNO

Desnutrida, la educación en México

La educación pública en México está tocando fondo. Los planteles tienen cada vez más problemas para atender a sus alumnos y, en esas condiciones, pretender garantizar una formación de calidad es una utopía

Mónica Garza. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: Imagen: La Razón de México

A los jóvenes mexicanos se les repite que estudien, que se preparen para salir adelante y “construir el futuro”. Lo que nadie les dice es que posiblemente también tendrán que preocuparse por que sus universidades cuenten con los medios para funcionar.

Un diagnóstico de la Subsecretaría de Educación Superior identificó dificultades financieras en 18 de las 35 universidades autónomas estatales: 14 presentan fragilidad financiera y cuatro están en situación crítica, principalmente por las obligaciones de sus sistemas de pensiones.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), calcula que entre 2019 y 2026 las universidades públicas estatales acumularon un déficit presupuestario de 55 mil 400 millones de pesos.

La matrícula de educación superior pública creció 18 por ciento entre 2018 y 2026. Es decir, las instituciones deben atender a más estudiantes, con los mismos recursos.

EL PLANTEL Iztapalapa de la UAM cumplió ayer 31 días en paro; alumnado exige mejoras en instalaciones. ı Foto: Cuartoscuro

Durante el último mes, al menos nueve universidades autónomas estatales registraron protestas, paros o conflictos laborales. A ellas se suman movilizaciones en instituciones federales como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y Chapingo.

En Zacatecas, un paro laboral afectó a más de 40 mil estudiantes en medio de exigencias de transparencia financiera. Las actividades se reanudaron tras varios días de suspensión.

En Sinaloa, los sindicatos advirtieron sobre una posible huelga por la incertidumbre en el pago de salarios y prestaciones. El gobierno estatal adelantó 300 millones de pesos para cubrir compromisos inmediatos.

En Morelos, alrededor de mil 100 trabajadores administrativos de la UAEM protestaron porque percibían salarios diarios de entre 280 y 289 pesos, inferiores al mínimo general de 315.04 pesos vigente en 2026.

El conflicto derivó en un acuerdo para regularizar los pagos.

En Puebla y San Luis Potosí, estudiantes de distintas instituciones exigieron mayor seguridad tras casos de asesinato y acoso sexual.

En la UAM, la inconformidad estudiantil se agravó tras conocerse la compra de seis vehículos eléctricos Tesla y Volvo, destinados a funcionarios, por casi cinco millones de pesos.

Mientras que los alumnos denunciaban instalaciones deterioradas, falta de insumos básicos como jabón en los baños y una biblioteca cerrada desde 2024. ¡En una universidad!

Todo lo anterior es el resultado de problemas que se han ido posponiendo por años. ¿Cuántas señales tuvieron que ignorarse para llegar hasta aquí? Una crisis que empieza incluso antes de llegar a la universidad.

En agosto, sindicatos de bachilleratos, Conalep, Cecytes y telebachilleratos advirtieron que un paro nacional podría afectar a más de dos millones de estudiantes por la falta de transferencia de 300 millones de pesos destinados a atender rezagos salariales de más de 90 mil docentes.

Y ocurre en un nivel educativo que de por sí enfrenta un serio problema de permanencia escolar.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, la tasa de abandono en educación media superior alcanzó 11.3 por ciento durante el ciclo 2023-2024.

Además, la tasa neta de escolarización fue de apenas el 62.7 por ciento en el ciclo 2024-2025.

A pesar de este panorama, la ANUIES advirtió que el incremento presupuestario de 3.2 por ciento previsto para las universidades públicas estatales en 2027 quedaría por debajo de la inflación.

La responsabilidad no es exclusivamente del Gobierno federal. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, 14 gobiernos estatales registraban adeudos por mil 728 millones de pesos con 23 universidades públicas durante 2026.

Tan sólo en Coahuila, al 31 de octubre, la Universidad Autónoma tenía pendientes 135 millones de pesos de aportación estatal.

Los gobiernos deben responder por los recursos comprometidos, pero las autoridades universitarias también están obligadas a rendir cuentas sobre cómo administran el dinero disponible.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la idea de que ningún joven debe quedarse sin la posibilidad de estudiar. Su gobierno planteó inicialmente la creación de 200 mil espacios adicionales en educación media superior y 330 mil en educación superior.

En agosto la mandataria elevó a 400 mil la meta de lugares en preparatoria, incluyendo opciones semipresenciales y a distancia.

Abrir más lugares es necesario. Pero ¿cómo se van a sostener esas metas si las instituciones que ya existen enfrentan dificultades para pagar salarios mantener sus instalaciones y garantizar condiciones dignas de aprendizaje?

La educación pública en México está tocando fondo. Los planteles tienen cada vez más problemas para atender a sus alumnos y, en esas condiciones, pretender garantizar una formación de calidad es una utopía.

¿Con qué preparación van a salir esos jóvenes y en qué condiciones van a competir, si los gobiernos que les aseguran un lugar en las aulas, dejan que se deteriore la educación que reciben?

La respuesta es profundamente incómoda…

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