Mochila Segura y privacidad

El tema del Operativo Mochila Segura ha estado en el centro del debate desde su creación; y ahora resurge la discusión luego de la tragedia que se vivió en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un menor de 11 años mató a su maestra e hirió a cinco personas más.

Este programa comenzó a implementarse en 2007. Estaba incluido en el programa Escuelas Seguras, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La discusión inicial para hacerlo se empezó a dar tres años antes, cuando la joven Dalia “N”, de tan sólo 13 años, asistió a la Escuela Secundaria Ángel Martín del Campo, ubicada en la entonces delegación Iztapalapa.

Dalia estaba en el salón de clases, su compañero Alejandro, también de 13 años, accionó por accidente una pistola escuadra calibre .380 cuando la mostraba a sus compañeros. La bala hizo impacto en la cabeza de Dalia, dejándola de inmediato en estado de coma debido al daño neurológico severo e irreversible que sufrió; una semana después murió en el hospital.

Pero en marzo de 2014, bajo el argumento de que el programa ya había cumplido su vigencia, el entonces titular de la SEP, Emilio Chuayffet, derogó sus reglas de operación.

Dos meses después, el martes 6 de mayo de 2014, el joven Ricardo “N”, de tan sólo 13 años, asistió, como todos los días, a la Escuela Secundaria Oficial 574 Gustavo Baz Prada, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; cursaba el turno vespertino.

Alrededor de las 16:00 horas, él y sus compañeros se encontraban en clase de tecnología, cuando uno de los alumnos, Édgar Yoevani, de 15 años, lo confrontó.

Édgar sacó un arma calibre .32 de su mochila y expresó: “te dije que no te la ibas a acabar, lo que prometo lo cumplo, te llegó la hora”, y le disparó en la frente. El joven menor de edad indicó que el arma era de su padre.

Un día después, Ricardo murió en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Familiares de Ricardo indicaron que ya habían reportado a la escuela las agresiones de Édgar.

No aplica en todos lados

[caption id="attachment_1086291" align="alignnone" width="696"] En al menos 15 entidades federativas, incluidas la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Colima, Quintana Roo y Yucatán, no se aplica la revisión de las pertenencias de los estudiantes. Foto: Cuartoscuro[/caption]

Después se registraron hechos aislados, como el ocurrido en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, en enero de 2017, cuando un alumno de 15 años disparó dentro del salón de clases contra su maestra y tres de sus compañeros. El estudiante había sido diagnosticado con depresión y recibía tratamiento.

En el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un menor de 11 años mató a su maestra e hirió a cinco personas más, se había decidió cancelar el programa de Mochila Segura.

Y es que, desde su implementación, siempre estuvo rodeado de severas críticas por varios sectores y organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las opiniones han sido polarizadas.

En agosto de 2019, la CNDH señaló que el operativo Mochila Segura era una “política criminalizadora contra la niñez mexicana”.

Es por eso que la comisión dirigió la Recomendación 48/2019 al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la que acreditó que durante esos operativos se violentan los derechos de los niños.

Como padres de familia, desde luego que buscamos un esquema que garantice la seguridad de nuestros hijos en los centros escolares; pero también es cierto que un programa de este tipo desvía la atención del verdadero problema, como lo asegura Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Para Juan Martín, el debate no se debe centrar en el programa Mochila Segura, sino en la violencia que viven los niños todos los días. Aseguró que este tipo de estrategias no funcionan, pues se trata a los menores de edad como criminales, en lugar de promover una cultura de paz.

En contraparte, Guadalupe Alvarado, coordinadora de capacitación de talleres y servicios de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), se pronunció a favor de esta estrategia, pero marcándola no como un punto que determine la seguridad dentro de las escuelas, sino como uno estratégico de prevención.

En 2017, la especialista Nelia Tello señaló que la instauración de la revisión de mochilas es una medida coyuntural y reprobable, puesto que no resuelve de fondo el problema de la violencia en las escuelas y criminaliza a los estudiantes.

Gobiernos como el de Baja California han reiterado que seguirán implementando la medida, ya que ha sido exitosa.

Por su parte, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera, criticó el operativo debido a que lo considera intimidatorio para los alumnos, además de ser una responsabilidad que corresponde a los padres de familia.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública informó que evaluará el programa Mochila Segura junto con la CNDH, a fin de prevenir hechos como el ocurrido en Torreón, Coahuila.

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Esteban Moctezuma Barragán aseguró que se intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país, al igual que el respeto a todos los que integran las comunidades escolares.

Hoy, en 15 estados no aplican este programa, en algunos casos desde 2017, mientras que las otras 17 entidades están sujetas a la solicitud que realicen las instituciones o la supervisión aleatoria, con algunas zonas prioritarias delimitadas por los gobiernos.

Es un tema muy controvertido. Estoy convencida de que la supervisión se debe hacer en casa, pero hay muchos menores en el país que no tienen quién los cuide. Soy de las que cree que, efectivamente, se tienen que revisar las mochilas de los niños sin violentar sus derechos.

Por ejemplo, viendo la mochila de un menor se pueden dar cuenta si el niño lleva el lunch descompuesto desde hace días, lo que refleja que en su casa no le hacen caso, o si tiene algún dibujo que pudiera indicar que está teniendo problemas.

También creo que no deben ser policías los que hagan este trabajo, porque es muy duro para un menor que se le revise de esa forma.

La mayoría de los padres de familia ayudan con amor en las escuelas de sus hijos, pero veamos la realidad: muchos pueden estigmatizar a un menor.

Una buena alternativa pudiera ser que la maestra de grupo, que conoce a sus alumnos, revisara de manera aleatoria una o dos mochilas al día, y los alumnos están conscientes que les pueden revisar sus pertenencias, que puede ser un método disuasivo.

Decía en esta columna que se necesitan políticas de Estado para cuidar a los menores que no tienen una estructura familiar que los proteja y supervise; y si logramos resolver eso, la seguridad viene de la mano.