La independencia judicial y la responsabilidad

“Buena es la justicia si no la doblara la malicia”

Dicho popular

La independencia judicial es un principio fundamental en todo sistema democrático que busca garantizar el equilibrio de poderes y proteger los principios fundamentales de los ciudadanos, mediante el adecuado sistema de rendición de cuentas y Estado de derecho, siendo fundamental para un adecuado sistema de impartición de justicia.  

La independencia judicial implica que los jueces deben de estar libres de influencias externas al momento de tomar sus decisiones judiciales. Esto implica que no deben estar sujetos a presiones políticas, económicas o sociales que puedan interferir en su capacidad para aplicar imparcialmente la ley. 

El sistema presidencialista mexicano, el cual ha sido históricamente poderoso y con poderes metaconstitucionales, durante todo el siglo XX coptó tanto al Procurador General de la República como al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que respondieran a sus intereses, lo mismo han hecho los gobernadores en turno, lo que ha pervertido en todos los ámbitos la impartición de justicia. 

Por todo lo anterior, tanto la sociedad civil como las asociaciones y barras de abogados realizaron críticas al respecto, logrando que se reformaran los sistemas judiciales, tanto federales como estatales, para establecer una independencia judicial de las procuradurías convirtiéndolas en fiscalías, y que dejaran de ser facultades del Presidente o del gobernador sus nombramientos, para que fueran nombrados mediante una terna, elegida por el Senado o Cámara de Diputados,  parecía la solución ideal, pero hoy podemos observar que esa reforma fracasó, pues los gobernadores y el Presidente de la República siguen controlando los nombramientos de los fiscales e influyendo en sus decisiones. 

Por otra parte, tenemos a los presidentes de los tribunales de justicia locales, a pesar de las reformas legislativas, responden a los intereses de los gobernadores en turno; y son removidos de acuerdo con el interés del gobernador, por lo tanto, todas sus decisiones importantes pasan por su visto bueno, lo que también genera una corrupción sistémica. 

No obstante que en el año 2014 se reformó la Constitución de la República para transformar las procuradurías en fiscalías independientes, hoy podemos observar que dicha reforma ha sido un fracaso, pues las nuevas fiscalías siguen respondiendo a los intereses del Presidente de la República y de los gobernadores en turno, sus investigaciones, cuando interesan al Poder Ejecutivo, se politizan dejando de ser imparciales y se convierten en instrumentos del Poder Ejecutivo, lo mismo sucede con los tribunales de justicia locales. 

Por todo lo anterior, podemos observar que los únicos que se encuentran un tanto alejados del poder político son los tribunales federales, por lo que la supuesta independencia de los impartidores de justicia a nivel local es nula, lo que provoca que sus resoluciones respondan a intereses políticos o sean objeto de actos de corrupción. 

Para que funcione la impartición de justicia de forma imparcial deberán de ser realmente independiente las fiscalías y los presidentes de los tribunales, para ello se deben de establecer serios mecanismos de transparencia de sus resoluciones y, cuando no se apeguen a derecho, de forma oficiosa, los órganos de auditoría les deben de fincar responsabilidades, pues solamente así tendremos impartidores de justicia autónomos y responsables.