Iberdrola: la política vale más que la economía

Una vez más la 4T demostró que sus decisiones no toman ni la economía ni el bienestar como base, sino solamente el discurso político de su líder. Hace unos días el Presidente López Obrador publicó en sus redes el anuncio sobre la “nacionalización” de Iberdrola como un gran logro. Sin embargo, en realidad será un costo considerable que repercutirá en los ciudadanos. Sí hay un lado positivo de este acontecimiento, pero es distinto al que AMLO abandera.

No sorprende que López Obrador se regocije por haber adquirido, vía el Fondo Nacional de Infraestructura —con recursos públicos y privados—, 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola. Lo acerca a su meta de aumentar la presencia de la CFE en ese segmento, al tiempo de darle más poder al Gobierno para asignar las tarifas conforme a sus intereses electorales. Desde el inicio de su Gobierno, uno de sus objetivos principales ha sido que CFE alcance al menos 55% de la generación. No obstante, los 6,000 millones de dólares que costó esta transacción no traerán nueva infraestructura ni abaratarán la electricidad ni nos impulsará hacia la transición energética ni nos beneficia directamente a la ciudadanía.

La CFE ya comercializaba la electricidad producida por esas plantas de Iberdrola —y de una forma muy rentable, con las tarifas de transmisión, el almacenamiento y la distribución— por lo que no hace sentido adquirirlas. Además, ni siquiera los activos serán propiamente de la CFE, sino de Mexico Infraestructure Partners; la CFE sólo se encargará de la generación. Por su parte, Iberdrola también ganó, al vender sus activos, poder reinvertir ese dinero en otro lado y librarse de los ataques que ha recibido de este gobierno por años.

El dinero utilizado para esta compra —que crecerá la deuda pública en una época difícil para las finanzas— podría haberse utilizado para incrementar la capacidad de transmisión, almacenamiento o, incluso, el uso de tecnologías renovables. Cualquiera de estas opciones beneficiaría a los consumidores finales al disminuir los costos, garantizar mayor seguridad energética y promover el consumo de energías limpias. Puede haber beneficios eventuales, pero serán asequibles sólo si el gobierno lo permite.

Al alcanzar el umbral de 55%, AMLO tendrá menos incentivos para inhibir la inversión privada. La ventaja que tiene la priorización del discurso político es que, una vez cumplido el objetivo y alimentada la retórica, podría facilitar la entrada al sector privado en este segmento. Además, será muy difícil para el Gobierno mantener los precios a la baja sin la participación de las empresas privadas y sin transitar hacia energías renovables.

La 4T ha manifestado sus objetivos de incrementar a 40 GW la capacidad de generación proveniente de energías renovables. Es prácticamente imposible lograrlo sin la tecnología y las aportaciones de la iniciativa privada. En ese sentido, podría haber más oportunidades y mayor certeza para las empresas.

Antonio Gramsci decía que, en los estados más avanzados, la política siempre se queda rezagada respecto de la economía. Hay que reflexionar sobre qué pasa cuando la economía es rebasada por la política.