Estado de injusticia (2/2)

Peligrosa la facilidad con la que los gobernantes de la 4T violan las leyes, comenzando por la Constitución, y todo indica que no hay manera de pararlos y sancionarlos, siendo más grave esto que aquello.

Muestra de lo anterior la tuvimos el fin de semana pasado con las acciones proselitistas de varios funcionarios de la 4T, destacadamente del secretario de Gobernación, a favor del ejercicio de la revocación de mandato, acciones prohibidas, no por el INE, sino por la ley.

Estoy convencido que debemos discutir si un funcionario público debe o no hacer proselitismo partidario. Pero mientras la ley lo prohíba cualquier funcionario público debe abstenerse de hacerlo y, si lo hace, debe ser sancionado. Para muchos funcionarios públicos las normas, comenzando por las jurídicas, son meras sugerencias, empezando por la Constitución, normas que observan o no según su conveniencia, pudiendo proponer cambios a las mismas, no porque sean injustas y/o ineficaces, sino para adaptarlas a sus intereses. Y normas jurídicas adaptadas a los intereses de la camarilla en el poder, y no a las exigencias de la justicia (reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas), dan como resultado, no el Estado de derecho sino el Estado de chueco y, si el Estado de derecho es Estado de justicia, dan como resultado el Estado de injusticia.

El Estado de derecho en México siempre ha sido Estado de chueco. El problema, que además es amenaza, es que en este sexenio se ha enchuecado como nunca antes, generando más inseguridad jurídica, al grado de que el marco jurídico, comenzando por la Constitución, no nos sirve a los ciudadanos para prever la conducta de los gobernantes.

Hoy, mucho más que antes, estamos gobernados por hombres (por los prejuicios y caprichos de AMLO), no por leyes, lo cual hace imprevisible sus comportamientos, lo cual, entre otras cosas, genera inseguridad en el ámbito de la economía (por ejemplo: todo lo relacionado con la contrarreforma eléctrica, inconstitucional, producto de los prejuicios y caprichos de AMLO), limitando las posibilidades de crecimiento (producción de bienes y servicios) y de bienestar (disponibilidad de bienes y servicios).

En el Índice de Estado de derecho, del World Justice Project, México ocupa, entre 139 países, el lugar 113, más cerca de los últimos lugares que de los primeros, con una calificación, en escala de 0 a 10, de 4.3, calificación reprobatoria.

El Estado de derecho en México es Estado de chueco, y si el Estado de derecho es en realidad Estado de justicia, en México tenemos Estado de injusticia, comenzando porque muchas autoridades no respetan las normas jurídicas, comenzando por la Constitución y, ¡más grave!, no hay manera de pararlos y sancionarlos.