La deuda pública: ¿manejo irresponsable?

A raíz de la propuesta del Ejecutivo del programa económico 2023, surgen desde la oposición una serie de críticas e interrogantes que más allá del componente ideológico, vale la pena reflexionar. Una de las críticas que cobra fuerza desde las voces más iletradas hasta las más consistentes y reflexivas se ubica en la dinámica vista y propuesta de la deuda pública.

Quizá la principal fuente que alimenta las críticas viene detonada desde el mismo Ejecutivo, que se comprometió desde inicios del sexenio a no incrementar la deuda pública durante la presente administración. La oposición arguye, contrario al objetivo presidencial, que desde 2019 se ha venido observando un continuo incremento de la deuda que pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

En efecto, desde comienzos de la presente administración la deuda pública ha venido abultándose. Las cifras son claras. Tomando como un indicador de la deuda pública ampliada el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), en términos nominales cálculos del propio Gobierno federal apuntan a que la deuda se habrá incrementado durante este año en 3.7 billones de pesos respecto al nivel del cierre de 2018. Medido como porcentaje del PIB (indicador de mayor relevancia para evaluar la sustentabilidad de la deuda), el SHRFSP se incrementa hasta 48.9% en este año desde 43.3% en 2018. Cifras oficiales prevén un nuevo incremento de la deuda hasta 49.4% del PIB.

La conclusión es clara, la deuda pública mexicana se ha incrementado, empero, no resulta evidente que tan pernicioso resulta el mayor endeudamiento, más aún en un contexto donde debido a la pandemia Covid-19 y a la crisis económica subsecuente, casi la totalidad de las economías del mundo decidieron, a diferencia del gobierno de México, incrementar sustancialmente la deuda para paliar los efectos de la caída en la producción.

A la fecha es más que evidente la política de austeridad en el gasto de la actual administración, lo cual ha coadyuvado a limitar drásticamente los niveles de endeudamiento. De manera más precisa, contrario a la argumentación de algunos opositores que afirman que el mayor endeudamiento es producto de una política de mayor gasto en diversos programas y objetivos del gobierno, es evidente que la contratación de mayor deuda responde a la necesidad de pagar un mayor costo financiero, especialmente en el último año donde las tasas de interés claramente vienen en ascenso.

Este hecho se corrobora con facilidad si observamos que las cuentas públicas acumularán durante los primeros cuatro años de gobierno un balance primario (balance público menos el costo financiero) superavitario por casi un punto porcentual del PIB; es decir, el gasto del gobierno excluyendo el pago de intereses no solo se ha mantenido, sino que incluso se han generado ahorros.

En adición al hecho de que el endeudamiento no ha sido producto de una política expansiva, sino por el contrario, refleja la austeridad apuntada día a día por el gobierno (lo cual no necesariamente es positivo), habría que considerar que el nivel de deuda publica mexicana como porcentaje del PIB muestra un nivel relativamente bajo respecto al observado en las economías desarrolladas, e incluso, respecto a algunas emergentes con similar calificación crediticia.