Política de vacunación impugnada

Un juez federal concedió, en beneficio de un paciente vulnerable, la suspensión de la política de vacunación contra Covid-19 por “simplista” y por no ser acorde con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Argumentó que, además de médicos, enfermeras y personas de edad avanzada, dicha política debió tomar en cuenta a los grupos de mayor riesgo, identificados según la situación epidemiológica.

Simplismo rima con populismo. El documento “Política nacional de vacunación” ofrece cifras de entrega de vacunas que ya no son realistas. La determinación de la población a priorizar es muy general, quizá para no provocar las polémicas que generó en su momento la Guía Bioética sobre los pacientes prioritarios en caso de escasez de ventiladores. Esta vez se ha tratado de eludir el debate público pero, a cambio, hay tal vaguedad que podría haber arbitrariedad en la aplicación de vacunas.

El criterio de vacunar primero a los adultos mayores de las zonas rurales, luego a los de las ciudades medianas y al final a los habitantes de las zonas metropolitanas podría ser el siguiente aspecto cuestionado y suspendido por los jueces. Se ha aducido como respaldo al grupo técnico asesor de vacunación Covid-19, pero no se presentan sus razonamientos y modelos matemáticos específicos, acerca de esta prioridad dada a las personas de la tercera edad en zonas apartadas y ciudades pequeñas. La citada “Política” carece de la motivación explícita que exige la Constitución. Aunque la equidad nacional sea fundamental, no lo es menos evitar los contagios (que ocurren más aceleradamente en las zonas metropolitanas). La lógica de la salud pública debería ser empezar a vacunar ahí donde la transmisión es más probable.

Finalmente, la “Política” cojea en su alcance y potencia. La vacuna de Moderna se consideró demasiado cara, pero tampoco se respaldó a la iniciativa privada para que ésta financiara su compra con la intermediación, desde luego, del Estado mexicano. Nuestro país ha convenido adquirir 197.8 millones de dosis de vacunas contra Covid-19: 34.4 de Pfizer, 77.4 de AstraZeneca, 35 de CanSino y 51 del mecanismo Covax, de la ONU. Es improbable que en el convenio con Covax se elijan vacunas de Moderna, por su costo.

No vale y no debe valer más la vida de un rico que la de un pobre, pero en los hechos sí valen más las vidas de los ciudadanos de países desarrollados que tendrán acceso más rápido a la vacuna. Europa apartó una gran cantidad. Estados Unidos e India también. Chile, proporcionalmente, mucho más que México.

Sin violar el orden por etapas a partir de profesiones y edad, ni desviar las vacunas que había decidido adquirir directamente el Estado mexicano se pudo haber hecho un mayor esfuerzo. Y la vacuna Moderna ya estaría siendo aplicada al personal médico de las instituciones privadas, sin quitársela a nadie más en México. Sumando, no restando en la lucha contra el virus.