Bibiana Belsasso

El ataque al cuartel militar

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Bibiana Belsasso
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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En menos de una semana se cumplirán ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Esta semana se han registrado nuevamente actos vandálicos de jóvenes de la normal que dicen buscar justicia.

Con estos actos se encuentra todo, menos justicia para los padres de los 43 jóvenes que desaparecieron, y que desde la tragedia han sido usados en temas políticos.

El martes 13 de septiembre, jóvenes secuestraron un camión refresquero, bajaron a los trabajadores que iban a bordo de la unidad con violencia y llevaron el camión a las instalaciones de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, donde destrozaron el portón y entraron a las instalaciones castrenses. No es la primera vez que intentan ataques contra instalaciones militares, pero sí es la primera vez que logran derribar la puerta. No sólo golpearon con fuerza la entrada, sino que aventaron petardos y piedras, además, realizaron pintas en las paredes del inmueble.

Este tipo de vandalismo utiliza sólo como pretexto a los 43 desaparecidos. Es una estructura muy bien armada que busca presionar a las autoridades. Atentar contra un cuartel militar es para provocarlo y para ver si reaccionan. Presionaron al Gobierno anterior, y el actual Gobierno se sumó a su causa, ahora a ver cómo reaccionan las actuales autoridades.

En agosto pasado, también protestaron en la Autopista del Sol, llegaron al punto conocido como Parador del Marqués; el bloqueo fue total durante media hora, y posteriormente fue intermitente.

En otro hecho violento, en febrero de este año, los normalistas intentaron tomar la caseta de Palo Blanco, lo cual impidieron las fuerzas de seguridad. En ese momento, los jóvenes tomaron un tráiler que pusieron en marcha sin conductor, directo a donde se encontraba la barrera con 200 elementos de las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional y policías de Guerrero; por suerte, no hubo lesionados, pero el vehículo se estrelló en la caseta de peaje y en un local de comida. Se reportaron 37 elementos de seguridad lesionados.

Minutos antes de esta agresión, los estudiantes habían llegado a la caseta a bordo de 10 autobuses robados. Hubo conatos de bronca, los jóvenes repelieron a la Guardia Nacional lanzando cohetones y piedras hacia los elementos, quienes no portaban armas de fuego, únicamente el equipo protector.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, llamó a ser “empáticos” con los normalistas de la rural de Ayotzinapa, tras su enfrentamiento con la Guardia Nacional en la Autopista del Sol. Señaló que los jóvenes no son delincuentes, atribuyendo el violento episodio a lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Declaró que se debe de mantener el diálogo con los estudiantes, ya que eso a veces genera vacíos. Sobre el robo del tráiler y su choque, la alcaldesa dijo que es difícil culpar a alguien, ya que el vehículo iba solo.

¿Justicia o provocación?

El miércoles los normalistas abrieron las puertas de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, con un camión repartidor de refrescos, que intentaron incendiar, pero no pudieron.
El miércoles los normalistas abrieron las puertas de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, con un camión repartidor de refrescos, que intentaron incendiar, pero no pudieron.Foto: Cuartoscuro

Así como lo escucha, en ese entonces, cuando se atentó contra la vida de miembros de la Guardia Nacional, se llamó a ser empáticos con quienes secuestraron un camión y se los aventaron, y ahora tampoco ha habido un pronunciamiento en contra de quienes derribaron las puertas de las instalaciones militares.

Cuando se secuestró el camión que se impactó contra la caseta, no pasó nada, solamente la empresa dueña del tráiler interpuso una denuncia por el robo y mal uso del vehículo.

Un año antes, en 2021, los normalistas impactaron el autobús que robaron y en el que viajaban contra un vehículo sedán.

Esto provocó la muerte al instante del conductor del auto y su acompañante. El vehículo sedán y el camión quedaron completamente calcinados.

Los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera Chilpancingo-Tixtla, a la altura del kilómetro 17. Los normalistas se dieron a la fuga.

Mientras que, en 2014, un mes después de lo ocurrido con los 43 normalistas, quemaron varias oficinas del Palacio de Gobierno de Guerrero. Caminaron a la sede del Gobierno estatal, que ya había sido desalojado, allí lanzaron piedras y cohetes al edificio, y después decidieron quemar algunas oficinas y dos automóviles.

En el último informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), asegura que la “verdad histórica” se diseñó desde la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, hace unas semanas, Encinas explicó que diversos funcionarios, de todos los órdenes de Gobierno, participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes.

“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República, en la discusión de estos temas”, expuso.

¿Qué pensará Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de los afectados por estos grupos?

No se va a hacer justicia y castigar a los que desaparecieron a esos jóvenes porque políticamente no conviene, es mejor echarle la culpa a la pasada administración que a los grupos criminales que, con apoyo de la policía municipal de Iguala, que trabajaban para Guerreros Unidos, entregaron a los estudiantes a otro grupo criminal, al de Los Rojos, pensando que los jóvenes eran sus rivales.

La mayoría de los sicarios, que desaparecieron a los estudiantes, han quedado en libertad argumentando tortura, muchos han regresado a trabajar con sus grupos criminales, y mientras tanto, desde las altas esferas del actual poder, se ha querido afirmar que se trató de un crimen en donde estuvo involucrado el Gobierno federal de la administración del presidente Peña Nieto.

Por eso hoy está detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien atrajo el caso semanas después.

Y un juez acaba de absolver al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no queda en libertad por éste, que es sólo uno de los cuatro procesos que enfrenta el antiguo edil.

Mientras tanto, estos grupos que generan violencia siguen desestabilizando y provocando, porque ya se dieron cuenta que les da resultados. Y los únicos que no reciben justicia son los padres de los 43.