La coartada criminal

Ahora sí aplica el proverbio árabe que dice: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.  Y tal parece que este dicho está utilizándose para defender a secuestradores.

Sucedió la semana pasada, cuando fue detenido Luis Cárdenas Palomino, y ahora se intenta hacer con Isabel Miranda de Wallace. Ambos, que trabajaron de cerca con el Gobierno del presidente Felipe Calderón.

Isabel Miranda de Wallace lleva desde el 2005 denunciando por el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, a Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales, todos bajo proceso penal y dentro de cárceles de alta y mediana seguridad.

Hoy, estos detenidos acusan a la señora Wallace de falsedad de declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, y aseguran que cuando se declararon culpables fue bajo tortura.

El próximo martes el caso de Brenda Quevedo Cruz podría dar un giro y ser liberada tras casi 14 años de detención por el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace.

El pleito entre la señora Wallace y quienes han sido señalados como los secuestradores y asesinos de su hijo es añejo.

La madre de Brenda dio una entrevista a la Octava hace un par de días asegurando que, en una de las audiencias para dictaminar el futuro jurídico de su hija, ahí estaba la señora Wallace, que se comunicó con Felipe Calderón y que el entonces presidente de la República le había dado todo su apoyo.

La señora Wallace recibió un premio como defensora de derechos humanos en esa administración y después de esa audiencia fue candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero hay un tramo enorme entre eso y que el presidente en turno le tome la llamada y se ponga a su disposición.

¿Cómo saben que esa llamada existió?

La defensa jurídica de Brenda y de Juana Hilda ha asistido a organismos internacionales para reclamar que no han recibido sentencia. La verdad es que esta misma defensa ha ido aplazando, ampliando pruebas y más recursos jurídicos precisamente para que no se dicte sentencia como estrategia.

El martes pasado, la presidenta de Alto al Secuestro aclaró que, desde el 6 de mayo pasado, tiene una denuncia interpuesta por Netzaí Sandoval Ballesteros, presidente del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial y hermano de Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública. La denuncia dice que Hugo Alberto no es hijo de Isabel y fue hecha en representación de los presuntos secuestradores mencionados.

Y eso es lo que han tratado de decir: que Hugo Alberto no es hijo biológico del esposo de Miranda de Wallace. ¿Hace alguna diferencia de quien es hijo biológico o no, si un joven fue secuestrado, asesinado y descuartizado?

Miranda de Wallace explicó que se trata de una forma de distraer la atención sobre lo que realmente importa: las denuncias que ella ha presentado sobre las inconsistencias en el caso de su hijo.

"No estoy siendo investigada, fui denunciada para distraer a la opinión pública y amedrentarme", así se defendió Isabel en su cuenta de Twitter, en donde publicó un comunicado en el que negó ser investigada, y acusó que nunca fue notificada de las denuncias y que no ha sido llamada a declarar.

Lo que sucedió después de ese asesinato, y ante la falta de apoyo y de resultados del caso de Hugo Alberto, la señora Wallace llevó por su cuenta el trabajo de inteligencia que la policía de aquel entonces no realizó. En ese contexto, Brenda Quevedo huyó a Venezuela con documentos falsos y después entró a Estados Unidos.

Wallace presentó información que la propia Brenda fue quien tomó fotografías al cadáver de Hugo Alberto, el cual acomodaron en una tina de baño luego de asesinarlo a golpes y, posteriormente, descuartizarlo con una motosierra para deshacerse de sus restos.

Son 16 años de esa tragedia, cuando Isabel contrató 250 espectaculares en los que pegó anuncios con las fotografías de los supuestos agresores y ofreció una recompensa por cada uno.

También cruzó datos de llamadas telefónicas, acudió a los lugares que frecuentaba su hijo con sus amigos, se entrevistó con vecinos de los secuestradores, viajó a estados del país en busca de los familiares de los asesinos y así fue dando con cada uno de los secuestradores de Hugo Alberto.

Juana Hilda González fue la primera en ser detenida; luego siguió César Freyre Morales, hasta llegar al último: Jacobo Tagle Dobín.

Hoy, todos quienes han estado acusados de secuestro aseguran que fueron torturados para buscar sentencias más cortas.

Así también lo buscan hacer los integrantes de la llamada banda Los Zodiaco, liderada por Israel Vallarta y su entonces pareja sentimental, la francesa Florence Cassez, para ser liberados.

Hay que recordar que Florence Cassez fue liberada por fallas al debido proceso porque no recibió apoyo consular al momento de su detención y porque al momento de la captura se hizo nuevamente para que apareciera en televisión, lo cual estuvo muy mal, pero no quiere decir que Florence Cassez no haya participado en el secuestro de varias personas, entre ellas, una madre con su hijo menor de 11 años.

Me parece fatal que haya tortura, si es que la hubo en estos casos, pero la realidad es que es un camino armado que tienen delincuentes para salir en libertad.

Los agresores argumentan tortura, pero es la misma que ejercieron cuando cometieron el delito de secuestro.

En México ha disminuido la tasa de secuestro, pero todavía ocurren cuatro privaciones de la libertad al día, 28 cada semana y 121 al mes bajo el actual Gobierno.

Tan solo cinco estados concentran más de la mitad de los casos: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos.

Con la liberación de estas personas, no por que hayan probado su inocencia, solamente se fortalecen a otros delincuentes.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.