Bibiana Belsasso

Los derechos de los niños armados

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Bibiana Belsasso
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Algo muy grave está pasando en el tejido social en muchas zonas del país, pero hoy me voy a concentrar en Guerrero. Las imágenes que vimos hace unos días, donde un grupo de niños y niñas muy pequeños estaban cargando armas largas son escalofriantes. Pero, además, algunos de estos pequeños tenían paliacates con imágenes de marihuana. Esto se dio en Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera.

Son niños y niñas de entre 12 y 17 años. Algunos apenas aguantan el peso del armamento. Dicen que son parte de las policías comunitarias y que están cuidando sus tierras. Estas policías comunitarias no están viendo por el interés de su comunidad, sino el propio, y muchas están coludidas con el crimen organizado.

En el caso que se vivió la semana pasada en Ayahualtempa, las autoridades estatales ya tienen identificados a sus líderes. Se trata de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, conocida como la CRAC.

Utilizar a menores con armamento ha sido una práctica recurrente de muchos de estos grupos para ejercer presión.

Por lo pronto, los dirigentes que utilizaron a estos menores de la CRAC, según información de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, son Luis Morales y Antonio Toribio.

Existe ya una denuncia por corrupción de menores en contra de estos dos señores y quien resulte responsable.

Y es que constantemente se utilizan a niños y niñas, les dan armamento y los manejan para presionar.

Ésta no es la primera vez que sucede algo así en Ayahualtempa. Los niños y niñas son utilizados y presentados como policías comunitarios recurrentemente.

El pasado mes de abril, un grupo de unos treinta niños y adolescentes desfilaron con escopetas. Muchos ni siquiera aguantaban el peso del armamento.

En el 2020, en este mismo municipio y en el de Chilapa, otros menores también fueron armados y utilizados como policías comunitarios.

Las autoridades estatales han investigado este tema particularmente desde el 2021, y en casi todos los casos estos menores obedecen bajo amenazas a líderes de la CRAC, una organización que tiene más de 28 años operando en el estado de Guerrero.  

Estos grupos, aliados con otras organizaciones criminales, han llegado incluso a bloquear accesos a las comunidades y a cerrar escuelas para obligar a los chiquitos a unirse a estas llamadas autodefensas.

Infancia robada

El pasado 24 de enero, un grupo de 15 niños y 5 niñas fueron presentados en asamblea en la localidad de Ayahualtempa, perteneciente al municipio de José Joaquín de Herrera, como parte de las policías comunitarias, destinados a la defensa de la región ante el crimen organizado.
El pasado 24 de enero, un grupo de 15 niños y 5 niñas fueron presentados en asamblea en la localidad de Ayahualtempa, perteneciente al municipio de José Joaquín de Herrera, como parte de las policías comunitarias, destinados a la defensa de la región ante el crimen organizado.Foto: Cuartoscuro

La situación es aún más grave, porque muchos menores han quedado huérfanos porque sus padres han sido asesinados.

¿Dónde quedan los derechos de niños y niñas?

El articulo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia”. En el artículo 15 se estipula: “Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral”.

México se encuentra entre los 10 países del mundo en los que, a pesar de los adelantos sociales y tecnológicos, presenta los mayores niveles de violación a los derechos de las niñas y niños, sobre todo en las zonas indígenas.

Poder erradicar estas prácticas tan deleznables no es sencillo. Se requiere de voluntad, pero también de mucho trabajo, de no cederle espacios a la delincuencia y que se castigue a quien se atreva a meterse con la niñez.

Desde su llegada al gobierno de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, siendo la primera mujer en gobernar ese estado, se ha abocado a trabajar por la niñez.

Sobre todo, en la Montaña de Guerrero, muchas veces las niñas son obligadas a contraer matrimonio con hombres mayores, las propias familias arreglan estos enlaces que se rigen bajo usos y costumbres a cambio de una remuneración económica.

“Nunca más una niña, nunca más una mujer estará bajo cohabitación o matrimonio forzado”, sostuvo en ese entonces la mandataria estatal, y solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para buscar proyectos que eliminen todas las formas de violencia contra las mujeres.

Ahora, también está trabajando en el tema de los niños, niñas y adolescentes, que son armados por grupos que, además, tienen intereses políticos, se tiene que contrarrestar y es un trabajo en equipo, Gobierno estatal, Gobierno federal, Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de delincuencia organizada y también hay que trabajar con tratados internacionales y otros organismos.  

Los niños y las niñas tienen que estar en la escuela, aprendiendo para poder tener un mejor futuro, para salir de la pobreza y de la violencia. Lo que muchos de estos menores ven ahora, lo van a replicar cuando sean mayores. En ellos se tiene que trabajar para poder restablecer el tejido social.

Si no se reconstruye y fortalece este tejido social en la familia, la escuela y la comunidad, no se puede progresar. Y lo que se debe de buscar para los niños, niñas y adolescentes es que puedan aspirar a un mejor futuro con seguridad y educación.

Exponer a estos chiquitos a que estén armados y solamente para intereses personales de algunos adultos es inhumano.