Carlos Urdiales

SCJN y aborto. Ser, he ahí el dilema

SOBRE LA MARCHA

Carlos Urdiales *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Carlos Urdiales 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

¿Qué define la vida humana? ¿La fusión de un óvulo con un espermatozoide? ¿Qué determina la existencia de la persona? ¿La sinapsis o los pulsos electro-cerebrales? ¿Cuál es la prelación de derechos?  

La ciencia orienta, pero en algunos casos, no determina. Sin misterios por resolver o cosas por saber a ciencia cierta ésta no existiría. Cuando toca al derecho definir márgenes de vida, hay polémica que revela amores y también odios.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) muestra valor institucional y entereza de sus actuales integrantes al abordar el tema del aborto al sentar, de una vez por todas, jurisprudencia.

Primero declaró inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo y va por definir cómo y cuándo el derecho a la objeción de conciencia de médicas, enfermeros o funcionarios públicos de salud o directivos del sector privado impera por sobre la determinación de una mujer.

Lo que ministras y ministros analizan trasciende en la convivencia social; amplía el derecho de las personas gestantes a decidir, a ser atendidas de manera adecuada y respetuosa. Por eso es relevante. Toca profundas fibras de nuestro saber, de nuestro creer, de la ciencia universal y de las espiritualidades de cada ser humano. Ser, es el dilema.

Las referencias macro cuando se discuten asuntos de este calado ayudan, pero simplifican detalles vitales. La ciencia médica y las religiones definen sus fundamentales y no siempre empatan.

La vida, dice el consenso biológico, existe desde el óvulo y el espermatozoide, incluso antes de la fecundación. A partir de esa lógica, existe desde antes del embarazo.

Entonces la reflexión pasa a determinar cuándo se considera la existencia de la persona, no de un ente vivo. ¿La convención legal en cuatro códigos penales mexicanos —CDMX, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo— marca qué ocurre después de doce semanas de gestación? ¿No un día antes o uno después?

En España por ejemplo, el plazo para interrumpir un embarazo sin penalizarlo es de 14 semanas. El mundo occidental oscila en esa ¿arbitraria, debatible? frontera como el alumbramiento de la conciencia que constituye a la persona.

Lo que a nivel espiritual ocurra es cosa de fe. De cada uno, no del indispensable-común-denominador social que es la norma jurídica de los estados.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, expresó en los medios luego de declarar inconstitucional penalizar el aborto que la determinación, no obliga a nadie a abortar, el derecho de quien lo haga no invade los de nadie. Los derechos se ejercen, no se consultan.

Claro que el argumento de quienes colocan el derecho a la vida en este debate, tiene sentido, pero no razón. Lo establecido por la SCJN será norma a nivel nacional, los códigos penales de los 28 estados que hoy penalizan el aborto deberán ajustarse a esta directriz constitucional.

La construcción del pacto social puede enfocarse en otros casos igual de vitales, pero cruelmente omitidos en la discusión pública. Son pocas las instancias públicas y privadas que miran por los derechos cotidianos de, por ejemplo, las personas con discapacidad mental.

A menores o mayores de edad con lesión cerebral u otras patologías que los hacen dependientes de por vida, no los tutelan las buenas conciencias de millones enfrascados en imponer su cosmovisión.

Ocupémonos más por la vida digna de quienes presentes, son invisibles porque su gestación, parto/cesárea o fortuna, los convirtió en seres cuya definición de calidad de vida no se ajusta a los estereotipos.

Pocos, aunque sean miles, dedican energía suficiente y constante a mejorar el entorno cultural, económico, sanitario y asistencial de personas con discapacidad mental. Tampoco la 4T. Su vida que importa lo mismo que las demás, no es materia de interés político ni religioso. Y también son.

Si a menores enfermos de cáncer el sector de salud pública es incapaz de suministrar tratamientos oncológicos, si para adultos mayores el desabasto de medicinas llegó para quedarse— a pesar de las cuentas y cuentos del secretario Jorge Alcocer— y ambos extremos tienen capacidad de denuncia y hasta de agremiarse, ¿quién ve por los que no hablan, por los que parecen no se darse cuenta, pero sufren?

Ser, le digo, es dilema que merece mayor atención de todas y todos.