Abroga el Senado la obsoleta Ley de Imprenta

Tras estar vigente 100 años y permanecer “congelada” más de dos años y medio en el Senado, el pleno de esta Cámara abrogó ayer por obsoleta la Ley sobre Delitos de Imprenta promulgada por el presidente Venustiano Carranza, que propiciaba la autocensura y amenazas desde el poder político contra periodistas y medios de comunicación.

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara alta, destacó en tribuna que esa abrogación cobra relevancia al eliminar toda contradicción o retroceso en el avance progresivo referente a diversos derechos y libertades como la de libre expresión e imprenta, a la que recientemente, en San Lázaro, se sumó una iniciativa morenista “inadecuada” que agravaba sanciones por injurias al Presidente de la República.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Salvo los diputados de Morena que anunciaron que ellos, con sus dietas, pagarán el acarreo de asistentes al Zócalo el sábado para el acto conmemorativo de la Expropiación Petrolera, dirigentes estatales de ese partido, responsabilizados de organizarlo, insisten en asegurar que los militantes o simpatizantes que deseen acudir, “tendrán que cubrir sus gastos”.

Tuvo que darse la presión de legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos para exigir que el Gobierno de México hiciera más contra el tráfico de fentanilo para que, de pronto, se empezaran a anunciar decomisos de cientos de miles y hasta millones de pastillas de ese mortal opioide, en varias entidades que las producen.

Eso, porque en una de sus mañaneras, el Presidente López Obrador negara que en nuestro país se produjera esa droga y que de aquí se enviara a EU, lo que le valió un editorial del Chicago Tribune por negarlo y señalarle que “tratar a los cárteles con guantes de seda, sólo les da licencia para mantener la producción de drogas”.

Con los votos a favor de cuatro magistrados, uno en contra y la ausencia de dos de ellos, Janine Otálora y Felipe Fuentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que la consejera el INE, Carla Humphrey, no puede aspirar a presidir éste por considerarse que “se trataría de una reelección, prohibida por la Constitución”.

Otra de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, contra el Ejército, al afirmar que los cinco jóvenes muertos en Nuevo Laredo por militares, “ni estaban armados, ni se enfrentaron a los soldados: fueron ejecutados”.

Señaló Ciro Gómez Leyva que a tres meses del atentado que sufrió aún no se logra saber nada del autor intelectual; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, anunció que “hay tres nuevas órdenes de aprehensión” y la investigación continúa.