Oootro escándalo de corrupción sexenal

Ni la invasión rusa a Ucrania, ni la masacre de más de una docena de personas en un municipio de Guanajuato, dada la gravedad que —guardadas las proporciones— entrañan, distraerán la atención del nuevo escándalo de corrupción sexenal, por la acusación que el penalista Juan Collado presentó ante la FGR contra el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y cuatro abogados, de haber participado en una red de complicidades para consumar una extorsión millonaria en su perjuicio.

En esa querella, Collado, quien está preso desde 2019, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, y ha solicitado acogerse al criterio de oportunidad, involucró al extitular de la UIF, Santiago Nieto, y a varios exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, considerados como antiguos “enemigos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el denunciante ofreció en diciembre de 2020 que repararía el daño causado para recobrar su libertad, y propuso al mismo Scherer Ibarra como el que encontrara la forma jurídica para ello, si así lo aprobaba. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…. 

La audiencia judicial en el Reclusorio Norte, en la que comparecerían los cuatro abogados acusados por Juan Collado, fue pospuesta por el juez de Control del mismo para el martes próximo, misma fecha en que se llevará a cabo la marcha feminista que, como en años anteriores, suele ocupar la atención nacional e internacional, por lo que los involucrados, Juan Antonio Araujo, César Omar González, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, tendrán que esperar. 

Con la aprobación de la casi totalidad de ministros de la Suprema Corte, 10 a 1, el pleno aprobó declarar inconstitucional y eliminar el delito de “ultraje a la autoridad” en Veracruz, que a propuesta del gobernador de Morena, Cuitláhuac García, aprobó en 2021 el congreso local, por considerar que “viola el derecho humano a la libertad de expresión y el principio de taxatividad penal”, al permitir castigar con prisión conductas como amenazas o agresiones a servidores públicos. 

Por ese eliminado precepto están presos injustamente decenas de personas inocentes y opositores al mandatario estatal, que no cometieron ni ése ni otros delitos, como el de una supuesta “autoría intelectual” de un homicidio, que desde el 23 de diciembre pasado tiene preso injustamente al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, y cuya defensa asumió de hecho Ricardo Monreal, líder de esa Cámara y de la bancada morenista. 

Siguen los baños de sangre a lo largo y ancho del territorio nacional: además del de San José de Gracia, en Michoacán, en el que un grupo armado fusiló a 17 personas y se llevó los cuerpos, en un antro próximo a Puerto Escondido, Oaxaca, cinco personas fueron masacradas, entre ellas un excomisariado ejidal de San Cristóbal Colotepec, y en Acapulco, Juan Carlos Brito, delegado del PAN en Guerrero.