¿Interlocutor, operador o adversario?

En Palacio Nacional han aceptado que Ricardo Monreal -quien no tiene la simpatía del Presidente de la República rumbo al 2024 y cuya aspiración del zacatecano lo ha distanciado del mandatario al grado de que éste lo ha ubicado fuera de su grupo más cercanos- es fundamental si quieren tener en breve la reforma electoral de la 4T.

Por ello decidieron ir a sus terrenos, darle una palmada en la espalda y reconocer su liderazgo en busca de concretar ya un tema estratégico en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es estratégico el papel de Monreal, me dicen funcionarios de alto nivel consultados por este columnista, porque de esta reforma dependerá la forma en que Morena enfrentará, desde el Poder, los comicios electorales venidero, de manera particular la elección de la Presidencia de la República en 2024.

La alerta que llevó a la casa presidencial darle a Monreal -líder de la bancada senatorial de Morena- el trato de interlocutor más que de operador de López Obrador en la Cámara Alta, fue el anuncio de analizar sin presiones ni prisas el dictamen avalado por la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados.

En ese anuncio, jugando cartas fuertes ante López Obrador y todos sus operadores políticos de confianza encabezados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador advirtió que había más de 450 observaciones a la minuta de los diputados… en los hecho, congeló la premura del Ejecutivo.

Hay otro ingrediente clave. Monreal y los 13 senadores que les son incondicionales fue un factor adicional para que la 4T lo recuperará como interlocutor. Veamos números: La bancada de Morena en el Senado tiene 60 escaños, sus aliados del PVEM seis, del PT cinco, el PES cuatro más, en total 75, lo que no daría ningún problema para sacar una reforma electoral no constitucional, pues ésta se logra con 65 votos.

Pero -siempre hay un pero y en política los “peros” se pueden convertir en crisis- esos 13 senadores más Monreal suman 14 votos que no son seguros para sacar esta reforma del Presidente.

Ese fue -me dicen en Palacio Nacional- el punto que llevó a decidir ir a los terrenos de Monreal, donde se siente cómodo y donde es más fuerte: el Senado de la República. Y así, en Palacio dieron un paso atrás en su relación con un personaje que cada vez esta más lejos de AMLO.

Y ayer, el secretario de Gobernación se sentó a dialogar en el Senado con el zacatecano durante más de 90 minutos para después hacerlo con toda la bancada.

Pero las cosas no quedan ahí nomás. Ayer hubo una jugada muy interesante desde la oficina de Monreal. Después de la reunión con Adán Augusto, se filtró un documento donde el senador hace 21 enérgicas observaciones a puntos fundamentales del proyecto lopezobradorista:

Sistema Nacional de Elecciones, limites a la autonomía y operatividad tanto del INE y del TEPJF, limites a facultades constitucionales de los OPLEs, eliminación de las 300 juntas distritales del INE y crear órganos auxiliares temporales, modificar las causas por las que un partido puede perder su registro, transferir votos entre partidos coaligados.

Además de destacó cómo se violó el proceso legislativo en San Lázaro para tener el dictamen que al final se votó y aprobó pese a la resistencia de la oposición, alerta sobre la imparcialidad de servidores públicos en la contienda electoral y el modelo de propaganda gubernamental.

A Monreal no lo mandaron llamar ni a Palacio ni a Bucareli, fueron a verlo a sus oficinas para destrabar la reforma electoral.

RADAR

Hace unas semanas le comenté que en el gobierno de Hidalgo levantó sospechas la operación política y permanencia de un personaje oscuro de nombre Juan Carlos Martínez, ex líder de los empresarios de la entidad que se ha mantenido cerca de los tres últimos gobernadores de la entidad.

La controversia que este personaje levanta entre los morenistas y empresarios crece, pues fuentes de primer nivel dicen a este espacio que Martínez no sólo opera en Hidalgo sino que también mantiene una cercana relación (y operación ) en Campeche, donde otra morenista gobierna: Layda Sansores.

El descontento se mantiene al alza entre morenistas y simpatizantes de los gobiernos actuales en ambos estados, pues advierten que muchos de los contratos y licitaciones tienen que contar con el aval de Martínez. ¿Las causas? Esperemos que tanto Menchaca como Sansores las investiguen. El tema es que tienen una crisis en puerta.