El Plan B, ¿un peligro para México?

El Instituto Nacional Electoral amaneció ayer con un ambiente agridulce. Por un lado el desconcierto y la incertidumbre ante la aprobación del Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por el otro, el entusiasmo por la defensa ciudadana del modelo democrático vigente que el domingo desbordó el Zócalo de la Ciudad de México y se replicó dentro y fuera del país.

Más allá de las muestras de diversos sectores políticos y sociales a favor de que el INE y el Tribunal Electoral se mantengan como están y se procese una reforma electoral después del 2024, consejeros consultados para este espacio confían en que la Suprema Corte sabrá proteger a la sociedad mexicana y evitar retrocesos en la vida democrática nacional.

Los consejeros me dicen que la Suprema Corte tendrá que resolver no sólo lo jurídico sino también lo moral para evitar que la instauración de un régimen político que busca avasallar las instituciones a fin de tener el control del país… lo tendrá que hacer, por el bien de la democracia mexicana.

Hay una serie de puntos que, con base en un análisis que realizó el propio INE sobre el Plan B –cabe destacar que ayer el consejero presidente Lorenzo Córdova urgió al Ejecutivo a publicar la reforma, con lo que se allanaría el camino para impugnarla ante la Corte- que en verdad llaman a la reflexión por su riesgo para la normalidad política del país.

Veamos: la reforma aprobada abriría la puerta a una intervención brutal de funcionarios públicos en procesos electorales sin control ni sanción a través de, entre otros puntos, el uso de propaganda gubernamental, los partidos podrían vulnerar el secreto y con ello se bloquearía la fiscalización, por asuntos electorales, de empresas y personas.

También se comprometen los cómputos de las elecciones sin el personal calificado en tiempos más reducidos; se entrega parte del padrón electoral al gobierno, inicialmente vía el padrón de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que deberá ser validada por la Cancillería, con lo que se afectaría la autonomía del INE y el principio de independencia, objetividad e imparcialidad. Se afectaría el correcto monitoreo de spots.

Además, se metería presión presupuestal al INE con el despido y eventual indemnización de 84% de los funcionarios que forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y que ya han pasado por exámenes y controles de confianza para garantizar autonomía e independencia del Instituto ciudadano; es decir, se quedarían con 396 de 2,571 de ellos.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) perdería su autonomía técnica al convertirse en Dirección Ejecutiva, se eliminarían sanciones económicas a los partidos políticos y ningún candidato perdería su registro de precandidatura o candidatura en caso de tener irregularidades en su reporte de gastos correspondiente.

“Así, los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación. Y sólo se deja la sanción económica establecida en la normatividad vigente, que consiste en un límite de 5 mil Unidades de Medida y Actualización, máxima sanción permitida”, advierte el INE.

Para los consejeros electorales el Plan B implica también acotar a las autoridades electorales el argumento de reducir lo “oneroso” que resultan para los mexicanos sin importar que ello abra la puerta a poderes facticos con lo que se reducirían las estructuras (personal) de las Junta General Ejecutiva, las 32 Juntas Ejecutivas Locales y las 300 Juntas Ejecutivas Distritales.

Esto afectaría la organización de las elecciones en cada distrito, donde se instalan un promedio de 550 casillas, el reclutamiento de 12 millones de funcionarios de casilla y su capacitación, así como las labores de monitoreo de spots de radio y televisión de los partidos políticos y autoridades.

Se afectaría la confiabilidad y resguardo de la actualización del padrón electoral pues al cerrar módulos de atención ciudadana y llevarlos a escuelas y centros de salud no hay certeza de que éstos tengan condiciones tecnológicas para cuidar de huellas digitales y fotos.. aquí, aguas con el robo de identidad. Y estos son solo algunos puntos de la cascada de puntos negativos detectados por el INE.

Así, la pelota estará en breve en el pleno de la Suprema Corte, para resolver contra reloj lo legal y lo moral.

RADAR

Nos comentan en San Lázaro que el diputado Rubén Moreira no quita el dedo del renglón en el tema de seguridad pública y advierte de la falta de la acción de los gobiernos estatales, como recientemente ocurre en Tamaulipas y en Nuevo León, gobernados por Morena y Movimiento Ciudadano.

Pero, al mismo tiempo, pide poner el ojo en experiencias exitosas que, como en Coahuila, que ahora gobierna Miguel Riquelme, muestran que la construcción de paz es posible, pero que requieren de estrategias inteligentes y de continuidad en el tiempo. Los coahuilenses se empeñaron en tener un estado seguro y ya llevan 12 años mostrando que sí hay una ruta para lograrlo.

NOTA POSITIVA

En temas de salud, nos adelantan quienes tuvieron acceso a un informe del IMSS, que en breve dará a conocer su director general, Zoé Robledo, que el balance de la Cuarta Jornada Extraordinaria de Servicios Médicos rebasó en un 20% la meta programada. Del 24 al 26 de febrero en todo el país, personal del Seguro realizó casi 200 mil acciones de poco más de 163 mil que se tenían programadas.

El beneficio se tradujo en 10 trasplantes, 3 mil 29 cirugías, casi 69 mil detecciones de enfermedades prioritarias, más de 91 mil consultas de Medicina Familiar y 28 mil 800 consultas de especialidad, entre otras acciones médicas en beneficio de sus usuarios. Nos cuentan que los del IMSS traen el águila bien puesta. ¡BRAVO!