Consulta Popular: lo que hay que rescatar

El pasado 1 de agosto se celebró en nuestro país la primera consulta popular nacional constitucional y legalmente válida.

Aunque todavía es muy reciente, dada la controversia que generó el ejercicio hay varios ángulos de análisis que merecen ser resaltados. Específicamente, rescato tres aspectos positivos del inédito ejercicio del domingo pasado: ampliar opciones de participación política, el profesionalismo del INE —a pesar del entorno tan adverso— y la asistencia de la ciudadanía para integrar las mesas receptoras de las opiniones. En principio, de manera abstracta, que se amplíen los instrumentos y recursos de participación y así se expandan los derechos políticos de la ciudadanía es, sin duda, una buena práctica para la consolidación democrática. En esa lógica, bienvenida la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, considerando además que, tras algunos intentos fallidos (propuestas que no habían superado el número de firmas necesario y/o el filtro constitucional de la Suprema Corte), apenas ahora la ciudadanía mexicana se puede empezar a familiarizar con este tipo de ejercicios.

También dentro de los aspectos positivos hay que señalar la institucionalidad, la eficiencia y el liderazgo con que el INE organizó la consulta, a pesar de no contar —ni remotamente— con un presupuesto adecuado: ni la Cámara de Diputados, ni la Suprema Corte, ni la Secretaría de Hacienda destinaron recursos adicionales para la celebración de una consulta que el INE no pidió ni decidió organizar, sino que lo hizo cumpliendo estrictamente con sus facultades legales. Aun así, una suma de buenas prácticas administrativas, derivadas del profesionalismo de nuestra institución electoral permitió instalar una cantidad considerable de mesas receptoras de opiniones (más de 54 mil) y organizar a los ciudadanos que las integraron —a quienes mucho hay que agradecer, pues ya habían participado como funcionarios de casilla apenas ocho semanas antes, en la jornada electoral—. Además, la jornada se llevó a cabo de manera totalmente pacífica y ordenada, y los resultados se dieron a conocer el mismo día.

Todo esto logró el INE en un entorno considerablemente adverso, con constantes críticas y ataques por parte de los orquestadores de la consulta, quienes, sabiendo de antemano el desgano que concitaría, fueron construyendo con toda antelación una narrativa —sin sustento— achacándole al INE la “culpa” del fracaso en el nivel de participación. Hay que recalcarlo cuantas veces sea necesario: el INE no podía iniciar una promoción antes de la publicación oficial de la convocatoria de la consulta; tampoco estaba entre sus facultades poner casillas especiales para electores (u “opinantes”, en este caso) en tránsito. La ley no lo permite, punto. Además, tanto las autoridades administrativas electorales como los tribunales correspondientes, locales y federales, todavía están inmersos en las tareas posteriores a la jornada electoral de junio, dado que el proceso electoral en su conjunto aún no termina. Literalmente, se presentaron miles de impugnaciones y juicios de inconformidad. Adicionalmente, el INE sigue adelante con la enorme tarea de fiscalización de las campañas. Todo ello empalmado con la organización de la consulta popular. Así que enhorabuena por el INE ante un desafío más, resuelto exitosamente.