Señales de alerta

Muchos gobiernos han ganado elecciones bajo condiciones democráticas que les permitieron llegar al poder, para una vez estando ahí empezar una ruta de destrucción de los cimientos democráticos con el propósito de consolidar una visión parcializada de país, desestimar la pluralidad política y, en la medida de lo posible, perpetuarse. Ahí están algunos de los rasgos que definen al nuevo populismo.

Por eso, lo que hemos presenciado apenas la última semana en el país ha encendido nuevamente alertas sobre las rutas que siguen el gobierno y la base política y social que lo anima. Como se sabe, estamos en medio de una batalla jurídica por la definición constitucional de la reforma electoral que pretende dinamitar las bases del sistema electoral mexicano. Con ese telón de fondo, fue que se dio a conocer que el presidente de la República objetó el nombramiento aprobado por el Senado de dos comisionados para integrar las vacantes que desde hace demasiado tiempo tienen incompleto al Pleno del INAI. El asunto no es menor, porque se puede apreciar en una lógica de controlar, eliminar o colonizar organismos constitucionales autónomos o atacar a los otros poderes del Estado. En los hechos, se frena el correcto funcionamiento del organismo garante del Estado mexicano encargado de velar por el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Más allá de los ataques discursivos de los que el INAI ha sido blanco en lo que va de la actual administración, el no haberse tenido en su momento la voluntad política de seleccionar perfiles aptos para cubrir las vacantes y ahora que aparentemente sí la hubo pero que se desestima, es muestra inequívoca del poco interés de integrar un órgano de acceso a la información del gobierno – de instituciones y sujetos obligados— en una época en la que el gasto gubernamental tiende a la opacidad y es reservado para poner sistemáticamente obstáculos para que la ciudadanía pueda realizar adecuados ejercicios de rendición de cuentas.

Tampoco es menor lo que ocurrió en la concentración a la que el Gobierno convocó para contrarrestar el peso y la impronta de los movimientos opositores tan visibles del último mes. Me refiero puntualmente a la quema de una piñata que hizo referencia a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que mostró una visión sectaria a la que cada vez más base de apoyo del bloque gubernamental contribuye a profundizar.

Más allá de que el estándar para los servidores públicos es distinto que para el resto de la ciudadanía, los intensos cuestionamientos presidenciales que se han realizado para la ministra presidenta de la Suprema Corte, lo que hacen es recorrer los límites hacia un discurso con alientos misóginos. Así las cosas, además, con un régimen que ha obviado velar por la unidad del país.