El turno del INAI

No es ninguna novedad que gobiernos que emanaron de elecciones libres, en algunos casos, se empeñan en atacar y dinamitar el entramado institucional para socavar a las democracias que les permitieron llegar al poder.

Es el caso de los neopopulismos autoritarios, tanto de “derecha” como de “izquierda” (en el fondo, se distinguen poco).

En México, el régimen actual ha intentado, por turnos o en bloque, colonizar, cooptar o, en el extremo, destruir y desaparecer a órganos constitucionales autónomos, así como ha tratado de controlar al Poder Judicial —eliminando así su indispensable independencia—, a través del nombramiento de personas que, por sus vínculos con el entorno presidencial, no son perfiles aptos para desempeñar adecuadamente tales funciones.

El actual embate contra el Inai no es, pues, un hecho aislado, ni tampoco nuevo. Hace algún tiempo, con la intención de engañar a la opinión pública y generar una imagen de desprestigio de la institución, se le fustigó con el argumento fariseo de no transparentar los ingresos de un connotado periodista opositor, como si esa fuera una de sus atribuciones. Hoy la situación del Inai es sumamente delicada, por el desdén del Ejecutivo y del bloque legislativo en el Senado que lo respalda.

Desde hace prácticamente un año, quedaron vacantes dos de las siete sillas que corresponden a los comisionados que integran el pleno del Inai, su máximo órgano de decisión. Esa situación, de por sí, afectó la operación de los demás comisionados, al sobrecargarlos de asuntos que podrían distribuirse de forma equilibrada, en caso de haberse hecho en tiempo y forma los nombramientos de las vacantes.

Ante la inminencia del término del mandato del comisionado Francisco Javier Acuña, el 31 de marzo —que significaría afectar severamente la operación del Inai, por no contar con 2 de sus 7 integrantes para sesionar— el Senado despertó de su letargo y detonó el procedimiento, no sin polémicas, para seleccionar a los comisionados cuyos nombramientos estaban pendientes desde hace casi un año. Pero, entonces, vendría el uso de la facultad presidencial para objetar los nombramientos hechos por el Senado y, así, mantener en vilo el funcionamiento del INAI. Como en la Constitución no está establecido un mecanismo límite para el Inai —como el que acabamos de ver en el caso del INE, con el nombramiento “por tómbola” a falta de acuerdo político—, nos encontramos en el escenario aberrante, por vez primera desde la existencia del actual órgano garante y de su antecesor, el IFAI, de que su pleno no pueda sesionar.

De ninguna manera el Inai baja la cortina —bastante hace con emplear los recursos institucionales y legales a su alcance para cumplir con su mandato constitucional—, pero las 3 vacantes en el pleno impiden resolver recursos de información pública, resolver denuncias por falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia, adoptar acuerdos, resolver recursos de inconformidad contra actos de los órganos locales ni los referidos al ejercicio de los derechos ARCO —acceso, rectificación, cancelación y oposición— de datos personales.

La afectación social por estas decisiones es mayúscula: se limitan los mecanismos para ejercer derechos humanos (el de información y el de protección de datos personales), lo cual, además, limita un importante mecanismo de control ciudadano sobre el gobierno. Más allá del abanico de sujetos obligados, qué duda cabe que el Ejecutivo Federal —que es el que más recursos públicos ejerce— debería ser el principal promotor de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e inhibición de la opacidad para erradicar prácticas de corrupción. Cosas que sí ocurren en las democracias liberales, de las que cada vez nos alejamos más.