Elecciones inducidas

La democracia exige la participación de la ciudadanía. En principio, cada cuidando elige por quién votar de acuerdo a sus preferencias: el voto es personal e intransferible. Sin embargo, la democracia se puede ver amenazada por estrategias que condicionan el voto.

Algunas formas en las que se dan los ejercicios de gobierno pueden erosionar la democracia al pretender manipular al electorado. Así queda de manifiesto en muchos países.

La condición de ciudadanía, sin embargo, implica el reconocimiento de derechos y deberes del individuo. Es reacia a disolverse en el anonimato, por ejemplo, del concepto pueblo. Esto es, el ciudadano rechaza que alguien decida por él.

En la actualidad, decisiones que se toman a nombre del pueblo y que se presentan como lo políticamente correcto y adecuado, abren el riesgo de liquidar al ciudadano, pues operan como consignas que eliminan la responsabilidad personal.

Así pues, un gobierno que interpreta diariamente los pensamientos y sentimientos del pueblo, es evidente que lo que busca es proponer una disyuntiva ante la cual se coloca a los ciudadanos.

En ese sentido, la consulta para la revocación de mandato que tendrá lugar el 10 de abril se antoja destinada a incidir en el voto no solo ya en ese sufragio, sino en los que se emitan en las elecciones de gobernadores que tendrán lugar un par de meses después.

Es decir, el voto en la consulta de abril parecería dispuesto para condicionar los siguientes. En este sentido, resulta relevante dar seguimiento a los posibles actos de propaganda provenientes de diversas instancias políticas, toda vez que el INE ya ha decretado que es el único actor que puede promover la consulta.

En ese ejercicio, la única pregunta que debió de haberse impreso en la boleta, y así lo consideraron incluso una mayoría de ministros de la Corte, es si el votante está o no de acuerdo con la revocación del mandato del actual Presidente.

Aquella que interroga sobre la permanencia no debía formularse. Esa pregunta podría condicionar el voto al proponer una opción que no incluye directamente la revocación.

Por otro lado, la imposibilidad de que el INE instale las 160,000 casillas pertinentes por cuestiones de presupuesto implica un defecto de inicio en la consulta. Algo que distorsionará los resultados puesto que habría menos votantes que los que hubo en las elecciones de 2018.

Hay que reconocer que el INE hizo lo que tenía en su mano para recibir el presupuesto necesario para organizar las mejores elecciones. Esta circunstancia lo exculpa de cualquier acusación que se quiera hacerle como previsiblemente sucederá.

Habría que considerar si el sufragio de abril no es sino una probadita de lo que puede acontecer en las votaciones de junio, restándole espacio a las urnas y protagonismo al INE, y condicionando los espacios de votación de acuerdo con los resultados de abril.

Sería una muy mala noticia que las elecciones de junio en seis estados no pudieran celebrarse con la normalidad con que el INE las planea.

La consulta para la revocación de mandato se antoja indisociable de los comicios de junio. Habrá que estar atentos para conocer el verdadero propósito de la primera.