ASF y Rocío: ganó la corrupción

El hecho es que el pasado 5 de marzo el auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Nemesio Ibáñez Aguirre, ante la Comisión de la Cámara de Diputados —nada menos que responsable de la vigilancia de la misma Auditoría— dio a conocer a los Diputados el estatus de distintas acciones… como las probables irregularidades en el manejo de recursos públicos, concluyendo que los presuntos actos de corrupción del periodo de Enrique Peña Nieto por unos 230 mil millones de pesos son hechos que han prescrito de responsabilidad. Se aguantan y tan tan.

Conforme a la precisa y muy organizada presentación de sucesos hecha por Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF,  en la reunión de Ibáñez Aguirre con el soberano legislativo se presentó el dato de las acciones en seguimiento (aquellas donde la ASF continúa revisando la documentación e información que le entregaron los entes auditados), reportando la suma de 4,767 sucesos que, sin pena ni gloria, se concluyó la atención de la cuenta pública 2016 y 2017 y únicamente quedan las de 2018 en adelante.

 Los pecados del peñatiesmo numéricamente perdonados por el obradorarto.

¿Cuánto correspondía a esos picarescos eventos ya felizmente caducados? Tan sólo la nimiedad de 229 mil 379 millones de pesos perdonados al sexenio pasado.

Comparando con los datos que se presentan en el Sistema Público de Consulta de la ASF, señala Lozano Dubernard, el dato prácticamente coincide: las 4,611 acciones en atención en caducidad son los casi 230 mil millones de pesos.

Pero —astuta observación— el auditor especial Ibáñez Aguirre, no dio a conocer en su presentación lo más importante: cuántos asuntos observados se encontraban en la etapa de investigación, en las distintas direcciones que también dependen de su responsabilidad. 

“Le comento que, cuando una observación se encuentra en la etapa de investigación es porque el ente auditado no pudo proporcionar la información y documentación que hubiera aclarado lo que le fue observado, en el plazo que establece la ley y la ASF resolvió la no aclaración.  Le platico que, en la etapa de investigación hay 4,732 asuntos por un importe de 192,546.5 millones de irregularidades no aclaradas, de los cuales 89,522.5 millones corresponden a la cuenta pública 2016, que he venido señalando, en otros medios, que podrían estar prescritos”, acota Lozano Dubernard con elegancia propia de quien expone las evidencias propias de quiendebe juzgar.

Y agrega: “Debo señalar que el pasado 08 de marzo la diputada María Elena Pérez Jaén presentó una solicitud a la Unidad de Evaluación y Control, órgano técnico de la Cámara de Diputados, para que realice un estudio sobre la posible prescripción de los asuntos no aclarados de la cuenta pública 2016 y anteriores.  Es lamentable que el órgano de fiscalización superior se maneje con esa alta opacidad, es ilegal ocultar información tanto a los Diputados, como a los ciudadanos en general, quienes deben conocer estos asuntos tan relevantes”.  

En su cuenta de X antes Twitter, el ex auditor de cumplimiento financiero deja muy claro los niveles de cinismo a los que ha llegado la ASF en el mandato de David Colmenares para limpiar culpas pasadas y, lo más grave, su esfuerzo para negar transparencia a los ciudadanos sobre el uso y alcance de los recursos fiscales pagados por todos vía impuestos y contribuciones.

Los datos por sí mismos muestran que la actitud que la ASF ha tomado ante presuntos actos de corrupción del sexenio pasado y del actual es la de un gigantesco “borrón y cuenta nueva”, purificando numéricamente con métricas difícilmente comprobables.

Siendo pesimistas, ante la triste actuación fiscalizadora que la república ha sucumbido a los acuerdos políticos en las cámaras, ¿qué fue de los 23 mil millones de dólares de la Refinería Dos Bocas, de las deudas no cubiertas a proveedores por la administración de la ex secretaria de Energía Rocío Nahle? No es lo que nos quiera informar la ASF, es lo que está obligada a informar.

La lista es enorme. La república reclama rendición de cuentas.

Bucaneros toma la Comisión de Marina. El almirante Rafael Ojeda no debe estar contento, pues la iniciativa de reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo —suscrita por el diputado Jaime Martínez que milita en Morena y preside la comisión de Marina— se encuentra estancada.

Y es que las empresas que simulan contar con un capital mayoritariamente mexicano, que son representadas por diferentes despachos de abogados, han cabildeado fuerte con algunos diputados, incluso de oposición. No es la primera vez que sale a relucir el nombre de Enrique Garza Tello, socio director de las oficinas en México del despacho inglés Clyde & Co., pues el año pasado promovió los esquemas de simulación en varias empresas, entre ellas Hornbeck Offshore Services, que afectan la competencia leal con las navieras mexicanas.

Esta firma internacional, al igual que los despachos Walterino Pinedo y Abogados y Enrique Garza Ruiz Esparza, buscan que todo siga igual para continuar comercializando esquemas de simulación en el sector marítimo. Por lo pronto, varios diputados ya están al tanto de esta situación y también los altos mandos de la Semar.

Congreso de CMIC. Si existe un área estratégica para destrabar los cuellos de botella que imposibilitan y amenazan el éxito del nearshoring, es la falta de infraestructura urbana, de agua potable, industrial y agrícola; energía eléctrica suficiente y continua, de carreteras seguras, trenes suficientes, puertos, aeropuertos funcionales, son los asuntos urgentes para responder al reto de la reconformación de geopolítica global.

A la reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción asistirá Xóchitl Gálvez de la alianza opositora, y de refilón se presenta Álvarez Máynez como candidato naranjita.