Ceresos y las quemazones de Hazael

A penas esta semana la Secretaría de Seguridad Pública Federal concluyó el proceso LA-036D0099-E102-2022 para la compra de extintores de incendios para los Centros de Readaptación Social, mediante el cual el recientemente nombrado titular de prevención y readaptación social, Hazael —nombre bíblico— Ruiz dio su visto bueno a favor de la empresa DAHFSA de México que pertenece al empresario German Hoppenstedt Salcedo.

El punto es que Hazael hizo todo lo posible para que su protegido obtuviera un contrato de 10 millones de pesos (usted puede decir que pequeño, sin chiste, en un mundo de miles de millones de pesos para compras públicas) que ofreciera los servicios de seguridad de protección contra incendios en los penales federales a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Icela Rodríguez.

En esta entrega, es factible que no quede claro el entramado que Hazael construyó para obtener un negocio de equipos contra incendios sin cumplir, siquiera los mínimos requisitos, experiencia y calidad, que le fueron requisitados pero que, amablemente, les aceptó el funcionario —Hazael— que con sus lágrimas de sal es el encargado de tener bajo control a los demonios en la tierra.

Ya le cuento.

Nuño, secretario. No lo tome a la ligera; el encargado de Oficina de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, será en definitiva Jorge Nuño tras la renuncia por motivos de salud de Jorge Arganis. El subsecretario de Infraestructura, muy cercano a AMLO, es también bisagra con el sector privado para impulsar el crecimiento que tanto le urge al país.

Agentes Aduanales se burlan de la Cofece. Parece broma pesada, un mal chiste, que la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que encabeza Luis Ernesto Rodríguez Gil, así como varios de sus asociaciones en área de comercio exterior, se pasen por el arco del triunfo las disposiciones existentes desde 2005 por parte del Servicio de Administración Tributaria —y posteriormente refrendadas por la Comisión Federal de Competencia Económica en 2010— de evitar y desalentar prácticas monopólicas; pero el efecto real es el encarecimiento tanto de las exportaciones mexicanas —en detrimento de su competitividad— como en las importaciones con lo que encarecen muchos de los productos que aquí se consumen, cosa que es más que evidente en el Puerto de Manzanillo, que atinadamente dirige Salvador Gómez Meillon.

Y no es poca cosa: Manzanillo es el principal puerto de carga contenerizada del país, la puerta de entrada y salida a la costa oeste de América del Norte y con Asia. 

¿Cómo es la práctica monopólica? La explicación será breve e intentará ser lo más clara posible: el agente aduanal en ese puerto es el que negocia directamente con la naviera que arriba o sale de Manzanillo la garantía por contenedor, aproximadamente mil dólares por caja o reefer´s; acto seguido, la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, que preside José Antonio Guerrero Flores, formaliza con la naviera un convenio (contrato de fianza-garantía) y que solamente se hace con la Asociación. Y aquí la jugada de la práctica monopólica: el agente aduanal obtiene el beneficio de la fianza, si y solo si, haces sus operaciones de validación de la carga —proceso de verificación que deben hacerse ante la Aduana como parte de las reglas de comercio exterior— con el Prevalidador (persona que hace la revisión preventiva antes de presentar la mercancía en la Aduana) perteneciente a la CAAAREM. 

Ojo, el agente aduanal paga por pedimento entre 170 y 80 pesos como “cuota social” a su Asociación por pedimento operado, mismo que los obtiene que lo cobra como “gasto operativo” a los importadores-exportadores con tarifas que van de los 200 a los 500 pesos por pedimiento. Por su parte, el Prevalidador le pone otros 20 pesitos a la Confederación.