La lista negra de la UNOPS

Existe conciencia en la oficina de Naciones Unidas, a cargo de Grete Faremo, que la compra de medicinas y material médico que le encomendó el Gobierno de México es la operación más grande en su historia y que está en juego la salud de millones de personas ante la escasez de productos en hospitales y clínicas del sector público… y que tienen muy “alta la vara” para igualar y mejorar los precios, tiempos de entrega, el pago a proveedores y atajar las supuestas veredas de corrupción con que operaba el extinto Seguro Popular.

Ya son 7 semanas (del 18 de diciembre pasado hasta el próximo 5 de febrero) en que la oficina que aquí dirige Giuseppe Mancinelli lleva rezago en la compra correspondiente a 2021. Su compromiso es empezar a recibir medicamentos en abril próximo ya con el desabasto en puerta y con la preocupación de laboratorios y distribuidores sobre cambios de última hora en asuntos cruciales como volúmenes y precios, aranceles e impuestos, fianzas, plataforma electrónica, formatos y puntos de entrega con un Birmex, a cargo de Pedro Zenteno, cuya infraestructura (dos bodegas y una fábrica, algunas decenas de camiones) resulta insuficiente para entregas puntales en los centros de demanda.

De hecho, el principal problema con la UNOPS es la agregación de demanda que hace a nombre de 76 instituciones públicas de Salud el Insabi, de Juan Ferrer. Cambio tras cambio, incluso el pasado domingo. Con el extinto Seguro Popular la “demanda agregada” se formulaba entre julio y septiembre, se licitaba entre octubre y noviembre para entregas en enero de cada año. Eso cambió con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de “erradicar la corrupción” y descartar distribuidores (publicitados en una lista negra sin cargos judiciales específicos) y comprar directamente a laboratorios. El desorden en las compras entre 2019 y 2020 es conocida.

La lista negra de la UNOPS es diferente: tienen un catálogo internacional de empresas con malas prácticas de manufactura e incumplimiento de contratos, así como un formato de declaratoria para asegurar que el concursante no es un tramposo contumaz. Pero en el caso de México, sólo las empresas que tengan sentencias definitivas en contra no podrán concursar y las que tengan amparos provisionales sí podrán hacerlo a fin de preservar sus derechos. Veremos que resulta este viernes.

Ancira: que lo quemen por brujo. Los poderes oscuros y de adivinación de Alonso Ancira son terribles y merecen el más severo castigo: según la acusación por la que es extraditado a México, el empresario usó dinero de procedencia ilícita para sobornar a Emilio Lozoya dos años (sí, dos años) antes de que fuera director de Pemex, para que llegando a tan encumbrado puesto le comprara —con aprobación de un consejo de administración encabezado por Luis Videgaray— la planta de Agronitrogenados con 200 millones de dólares de sobreprecio. Ni Lord Voldemort se las gastaba así. Veremos cómo corre el proceso en México contra el presidente de AHMSA… sí, no ha habido cambio en el Consejo de Administración de la acerera pues Julio César Villarreal y asociados no han pagado un céntimo de los dólares que dijeron pagarían para tomar el control.

Ganó Julita: truena MRO Sureste demás. La directora de Caminos y Puentes Federales, la médico cirujano Elsa Julita Veites y su directora de Administración y Finanzas, María Guadalupe Cano, ganaron la partida. Conforme al oficio CT/1aEXT/02-FEBRERO/2021/IV, Banobras cancela las licitaciones para Mantenimiento, Reparación y Operación de las principales carreteras federales del sureste, así como otros 5 proyectos MRO. Banobras argumenta que Capufe tiene capacidad técnica para realizar por sí solo esas tareas y podrá racionalizar el ejercicio presupuestal. Se concreta el objetivo del “rescate de soberanía carretera” que aspiran Julita y Mari; sólo les faltan 36 mil millones de pesos para lograrlo.