Margarita, no todo está perdido

La magistrada Margarita Ríos-Farjat merece un especial reconocimiento por su capacidad técnica y autonomía de criterio: pese ha haber sido la primera directora del SAT de la 4T y luego nominada por Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los razonamientos y votos se caracterizan por un apego estricto a la ley por lo que -más allá de creencias, afectos e incluso amenazas- ayer votó en contra de dar validez constitucional a la Ley de la Industria Eléctrica cuya puesta en marcha impactará a la economía nacional con casi 1/4 del PIB en demandas.

No son 10 mil millones de dólares en demandas los que la también llamada “Ley Bartlett” provocaría por parte de empresas de Estados Unidos afectadas en sus activos, como anticipó Katherine Tai que lleva la representación comercial (USTR); sí cada una de las más de 50 plantas de generación con inversión privada valen 4,500 millones de dólares, y serían expropiadas de facto por la primacía de la CFE en el despacho de energía de CFE, el costo directo para México en tribunales nacionales e internacionales es de 250 mil millones de dólares, o sea una cuarta parte del PIB.

En igual sentido que Ríos-Farjat (aunque con diferencias de criterio) votaron en contra de privilegiar monopólicamente el despacho de energía de la CFE los ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez, Jorge Pardo, Norma Piña, Juan Luis Alcántara y Alberto Pérez Dayán.  

Quienes validaron un ruinoso pleito (Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Arturo Zaldívar) no aquilataron la pérdida de inversión por la incertidumbre: las 56 multinacionales del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que encabeza Alberto de la Fuente no anunciarán inversiones nuevas en México; y otras 140 firmas europeas consultadas por el diputado Xavier González Zirión tienen en suspenso inversiones de 48 mil millones de dólares por el deterioro institucional.

La semana que entra, en la Cámara de Diputados estará la última línea de contención ante el plan de energía que nos separaría de las cadenas de valor de América del Norte. 

Mejor nos vamos a Yucatán. Mientras los pronósticos económicos negativos se ciernen, Yucatán logró nuevo récord histórico en generación de empleos formales en marzo al sumar 400,048 plazas ante el IMSS, derivado del impulso a la inversión pública y privada del gobierno de Mauricio Vila. Sólo de agosto de 2020 a la fecha se crearon casi 40 mil empleos con seguridad social. Eso se debe a la certeza jurídica que Yucatán ofrece para más de 200 proyectos privados productivos que atrajo más de 100 mil millones de empresas nacionales y globales. Tome nota.

Bravo se pone bravo, pero… En una carta saturada de hostilidad e ignorancia, el coordinador de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo, acusa a este columnista de desmemoriado, adulador y mentiroso por lo aquí escrito sobre Ideeo-Corona que ganó finalmente un tortuoso proceso licitatorio el contrato para imprimir los recibos de cobro de electricidad. En su felis catus proceder, Bravo está convencido que entre más estridencias salgan de su pecho, mayor aprecio le tendrán sus jefes. Típica conducta burócrata… y por ello asegura que no se modificaron las bases de licitación No. CFE- 001-CASA-0030-2021. A diferencia de Bravo, este columnista tiene aplomo profesional y visitó una empresa a la que insistentemente cuestioné como Ideeo-Corona; ahí corroboré que tal firma posee capacidad industrial para responder los requerimientos de la CFE…, pese a que inicialmente la CFE (cosa en que la memoria le falla a Bravo) aduló a la alianza Ciime-Print LSC con un contrato de 900 millones de pesos en diciembre pasado. En esa millonaria adulación, Bravo y su coordinador administrativo y servicios de la CFE, Miguel López, no indagaron que dicho contrato fue para una firma que posee una oficinita en la colonia Juárez y un coworking en Santa Fe; para ayudarles en su deber les puedo proporcionar los domicilios correspondientes. Y para que Bravo se perciba debidamente respondido, le informo que —como consta en una de las juntas de preguntas y respuestas— Ciime-LSC manifestó que cumplía con los requisitos obligatorios del concurso como el ISO 9001, 14001, 22301, 27001 y SOC Tipo 2 cuando es evidente que ni siquiera en sus páginas de Internet ostenta tales certificaciones, y menos pudo demostrar que tenían los equipos de impresión y los vehículos de reparto para atender la cobranza de la CFE. Flaco favor a Manuel Bartlett los arrumacos de Bravo.