Medicinas: el regreso de los brujos

El hecho de que el próximo 20 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelva la licitación LA-050GyR988-E18-2022 para contratar servicio integral de logística para recibir, almacenar, resguardar, recolectar y distribuir medicinas y material médico indica que fracasó la estrategia gubernamental de separar la distribución de la fabricación de bienes terapéuticos, al punto que Sedena ocupa a Muebles y Mudanzas, MyM, que dirige Avi Puszkar, aunque esa firma no sea experta en ese giro de transporte.

El lado humano de ese fracaso se expresa en más de 50 millones de recetas médicas no atendidas en los últimos 3 años, pues los productos no pudieron ser entregados en clínicas y hospitales públicos.

Para subsanar el yerro del Insabi para la distribución de dichos productos, las entidades de salud pública contratan a operadores logísticos privados. Bueno, hasta el mismo instituto a cargo de Juan Ferrer recurre a esos operadores que fueron catalogados como el mismísimo demonio por Andrés Manuel López Obrador y su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Insabi recurre a Arcar, de Agustín Padilla; Vantage, de Jesús Garrido; Cimsa, a cargo de Rubén Hernández; y ahora también con Birmex… que a su vez recurre a los servicios de la empresa Marken.

En tanto que el IMSS tiene el servicio de GNK, representado por Juan Carlos Moreno; Levic, de Víctor Soto; Vantage, Arcar, ILS, de Nahum Moreno; y Dibiter, que lleva Ernesto García.

Y el ISSSTE, ahora en medio de la tormenta por la acusación del exdirector jurídico José Trujeque contra Pedro Zenteno por presuntamente participar en un fraude de 800 millones de pesos, tiene contratado a Maypo…, y sí, es la misma Maypo, que dirige Jack Rodríguez, vetada en una mañanera pero que, debido a sus capacidades, fue recontratada.

Es lo que hay.

Zaga se agazapa. Desde un lugar cercano a la CDMX, Rafael Zaga busca ganar infructuosamente entre la opinión pública lo no ganado en tribunales en más de un año: no ha logrado detener la orden de aprehensión en su contra por parte de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz, ni paralelamente doblar mediante desplegados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente, ni tampoco al Tribunal Superior de Justicia capitalino, de Rafael Guerra, en los que se queja de abusos de poder. Y aunque hace unas semanas el juzgado décimo segundo de distrito en materia civil le concedió una suspensión a favor, Zaga sigue sin poder explicar el presunto fraude que cometió contra del Infonavit mediante su empresa Telra Realty, y por la cual el instituto, a cargo de Carlos Martínez, interpuso una denuncia en enero de 2018. Tampoco ha aclarado las irregularidades en su patrimonio y las de sus empresas donde la Unidad de Inteligencia Financiera presume se triangularon millones de pesos. 

Los líos de un excandidato de RSP. La situación se agrava para quien fuera candidato del extinto partido Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de Huixquilucan, Edomex, José Gabriel Cordero Rodríguez. Y es que el ahora esposo de Mónica Gabriela Díaz Dávila suma en su expediente tres carpetas de investigación en su contra por los presuntos delitos de despojo, extorsión y daño a bienes. En uno de los municipios más prósperos del país, el expediente más delicado es el referente a extorsión, el TLA/FNC/FNC/060/318152/21/11, y tiene que ver con una serie de comunicaciones que Cordero Rodríguez tuvo con propietarios de un fraccionamiento, a los que amenazó con desprestigiarlos publicando información falsa y dolosa en redes sociales y en un medio impreso con el que tiene relación, si no entregaba la propiedad de un departamento o 15 millones de pesos. El asunto es litigado por Víctor Olea, quien también defiende a El Bronco en aquel estado.

A raíz de que se judicializó este expediente, Cordero Rodríguez se mudó a Monterrey.