Mauricio Flores

México-Toluca… el tren del mañana

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Mauricio Flores *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Mauricio Flores 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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O de pasado mañana o de quién sabe cuando. El también llamado cariñosamente “Choritren” que enlazará la Ciudad de México con Toluca aún no tiene para cuando ser concluido, pese al compromiso del Gobierno de López Obrador de terminar una de las obras de su predecesor Enrique Peña Nieto: culminar los tramos inconclusos —en especial los que van de Santa Fe a Metro Observatorio— requiere inversiones de 5,000 millones para finalizar, pero hasta ahora se asignaron 900 millones de pesos en 7 meses del 2021.

Hay esfuerzos para avanzar, debe reconocerse: esta semana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Jorge Arganis, lanzó la licitación de un puente atirantado para el Tren México-Toluca que sustituye al previsto originalmente en el proyecto ejecutivo que —pequeño error— no calculó correctamente los hundimientos diferenciales de suelo en la zona.

La obra es un viaducto elevado en curva de unos 600 metros, apoyado en estructuras verticales que soportarán los tirantes de metal para librar la zona conocida como el Manantial: su costo es de mil millones de pesos que se suman al costo total del “Choritren” que supera ya los 90 mil millones de pesos. Es el segundo cambio que la actual administración realiza al proyecto original del tramo tres a cargo de la constructora Caabsa de Luis y Mauricio Amodio. Y eso que recién se declaró desierta la licitación de la estación Vasco de Quiroga, sin que hasta el día de hoy exista una fecha para reponer el proceso o hacer adjudicación directa como es la especialidad de la casa.

Pero el problema constante es la falta de presupuesto. sigue siendo una constante: la expectativa es que con el arribo de Rogelio Ramírez de la O a la SHCP se pueda cumplir con los compromisos federales de culminar en 2021.

Pero, ojo, que lo dice un experto: Manuel Gómez Parra, titular de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ya pidió no hacer cuentas alegres pues la obra civil del tren México-Toluca se finalizará en 2022 y pruebas preliminares en 2023 previo a su operación. 

En una de ésas la inauguración le toca a alguno de los destapados.

Se le acabó gas a Altán, y va a deuda pública. Que la compañía encargada del despliegue de la Red Compartida y sus acreedores financieros y de proveeduría hayan tomado concertadamente el camino de un concurso mercantil tiene cinco señales: a) la buena, de que las partes se adelantaron a prevenir una crisis de impagos; b) la mala, que no se pusieron de acuerdo en lo privado y recurren a un juez para saber quién “se come” ya sea descuentos de adeudos, plazos y condiciones; c) la peor, que la empresa dirigida por Salvador Álvarez se fondeó primordialmente de la Banca de Desarrollo (Banobras),  por lo que los descuentos irían a pérdida del Estado; d) parte de las pérdidas por descuento podrían ir a las Afores que participaron en el proyecto; e) hay voluntad gubernamental y de los socios para sacar el proyecto adelante…, aunque habrá que ver el costo.

Tristemente el modelo de negocio de Altán que preside Bernardo Sepulveda —que sólo tiene semejantes en Ruanda y Sudáfrica— no pinta para sustentable: sus pasivos suman 17 mil millones de pesos mientras que sus ingresos se aproximado es de 4,500 millones de pesos anuales.

Aunque Altán avanza en el despliegue de red en zonas más allá de las cubiertas por Telcel, AT&T y Movistar, los costos de despliegue superan con creces el ingreso mientras que su participación del mercado de servicios móviles se ubica en 2.5%. Se puede decir que el proyecto de “Internet para Todos”, prometido a través de la CFE de Manuel Bartlett, podría resultar extraordinariamente costoso para las finanzas públicas. Veremos.

IEEPO, acuerdo con Unicef. Le platicamos de la decisión del gobierno de Alejandro Murat de regresar a clases presenciales bajo condiciones, con un protocolo muy preciso de semáforo verde y acuerdo comunitario —demostrable— de por medio. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que comanda Francisco Villarreal, se aplica en generar condiciones físicas para que el eventual retorno —o clases mixtas con apoyo tecnológico— sea más seguro: firmó un primer acuerdo con la Unicef.