El nearshoring morirá en México

Será por asfixia y ya tiene hasta fecha de sepelio: a partir de junio próximo deja de funcionar la llamada “Regla 8°” para la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que otorga facilidades administrativas y aranceles preferenciales a las empresas para importar maquinaria y equipo, materiales, insumos, partes y componentes con fines de manufacturar productos de exportación. Es decir que la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro retira facilidades de operación y encarece en hasta más del doble los costos tributarios a empresas que buscan relocalizar su producción y red logística a México.

El argumento oficial es que se pretende fomentar la proveeduría nacional y atajar el contrabando de productos sensibles.

Los industriales manufactureros de exportación agrupados en el Index, que preside Humberto Martínez, fueron enterados oficialmente el miércoles pasado luego de varias semanas de rumores y que de no ser atendidos oficialmente: la Regla 8° desaparece tan pronto acaben el proceso electoral. La eliminación de la Regla 8° implica, en automático, un encarecimiento notable de los costos en impuestos y aranceles, de entre 100% y 200% según el producto y arancel.

Ah, y que a raíz de esa supresión, el programa de estímulos Prosec, que permitía la importación de “productos sensibles” previa autorización, será “actualizado”; y en un tiempo aún no estipulado puedan los fabricantes de exportación contar con un listado de los sectores, productos, componentes, activos fijos, e insumos autorizados para ingresar al país.

Pero “que no panda el cúnico”: el Gobierno proporcionará un listado (no se sabe cuándo ni de qué tipo) un catálogo de proveedores nacionales para aprovechar el nearshoring, informó amablemente Lorena Urrea García, directora de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de Economía.

En otras palabras, la autoridad, en su ánimo de control de cada tornillo importado (que se supone ya lo tiene el SAT y Agencia Nacional de Aduanas de México, ésta a cargo del general André Fullon), impone también un “engarróteseme ahí” a las empresas exportadoras, importadores, agencias de comercio internacional, tractocamiones, aviones, buques y plantas fabriles en el mundo para “meter al orden” en casa.

Pero no terminan ahí las sorpresas: se busca “modernizar” —sin que se sepa qué se pretende— el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) que ha permitido el desarrollo de 6,200 empresas que emplean 3.2 millones de personas y que exportan diariamente mercancías con valor de 620 millones de dólares.

La finalidad de estas modificaciones, si somos mal pensados, parece tener una finalidad de elevar la recaudación fiscal. Ya les contaré.

Covid-19, todo es electoral. Hace una semana quedó claro que el nuevo director de la Asociación Mexicana de la Industria de Innovación Farmacéutica (AMIIF), Larry Rubin, hizo menos al enviado por el equipo de Xóchitl Gálvez para exponer el plan de salud de la candidata opositora, al no permitir subiera al presídium, pues no pudo asistir en persona —por cuestiones de agenda de trabajo—, Héctor Ramírez Barba.

Ese encuentro también fue el foro con que contó el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marcos Bucio, para exponer ante un público especializado que el IMSS no fue consultado por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, que encabeza Jaime Sepúlveda, misma que atribuyó a errores y omisiones gubernamentales la muerte en exceso de más de 300 mil personas por ese virus: el funcionario comenta que replicó a la Comisión Independiente que un formato en computadora, no esa forma robusta y seria para compartir información sobre el tratamiento del Covid-19, y que pidió que los resultados fueran divulgados pasada la jornada electoral del 2 de junio para evitar sesgos políticos…, pero que fueron divulgados en plena efervescencia de las campañas. También criticó que “el Seguro Popular ni era seguro ni popular” y que la anterior administración dejó tirados 30 hospitales que ahora están funcionando.

Así, los datos de las acciones del IMSS quedaron fuera del reporte de dicha comisión. Como toda investigación científica, la falta de datos conlleva a sesgos que impiden conclusiones certeras que, en este caso, deberían servir para trazar respuestas institucionales más precisas para las próximas epidemias.

Pero también es cierto que hoy todo es electoral… y empezó desde que Andrés Manuel López Obrador minimizó al Covid-19 con “Detentes” y afirmaciones como que “no ser corrupto” evitaba el contagio, una visión instrumentada por el subsecretario Hugo López-Gatell que atribuyó que López Obrador tenía “fuerza moral” no de contagio y así exculparle de no usar cubrebocas.

En fin.