Un plan para los ferris

Se dice que la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del almirante José Rafael Ojeda, tendría en la mira los servicios de ferris entre Playa del Carmen y Cozumel, así como los servicios Cancún-Isla Mujeres. Los transbordadores privados obtienen importantes entradas, pues movilizan a casi 11 millones de personas anualmente, con peaje promedio de 250 pesos por cabeza. Por ello, la dependencia buscaría ordenar el mercado de este servicio, cuando menos en los litorales del Caribe. Y no, aunque pareciera, no es ninguna broma del Día de los Inocentes.

La Marina argumentó, conforme al oficio 1181/2021 emitido el 11 de noviembre pasado que debido a la falta de competencia en la prestación de los servicios se deberá de observar una serie de reglas de coordinación con las autoridades portuarias para operar de manera alternada para que ello no genere un cuello de botella en los traslados…, pero conforme a información obtenida de alto nivel, el propósito último sería rescindir los permisos a los ferris privados y hay quien supone que se buscaría empezar con una empresa pública de carácter monopólico en ese litoral.

El asunto toral de ello es el precio, de hasta 310 pesos el trayecto sencillo entre Playa del Carmen y Cozumel para turistas (y 150 pesos para lugareños), que se mantiene prácticamente idéntico entre las empresas permisionarias, a saber: Ultramar, Winjet y Barcos del Caribe. Los precios son objeto de constante crítica por parte de los habitantes y visitantes, pues son considerados como extremadamente altos.

Por ello, la Semar podría cancelar los permisos y ofrecer el servicio a precios más accesibles que, en principio, no superen los 100 pesos por viaje sencillo. Para ello la dependencia habría hecho ya el pedimento de entre 30 y 40 barcazas para pasajeros tipo Brilliance of Majestic, las fabricadas por la firma naval Incat Crowther.

De ser realidad, una decisión de ese tipo pasa por cuando menos dos aspectos cruciales: a) la capacidad de operar que tendría una empresa de las Fuerzas Armadas para un servicio de carácter civil, cobrando un precio que no sería suficiente para los costos de operación; y b) un precio que probablemente tampoco servirá para cubrir costos de remediación ambiental en los frágiles ecosistemas costeros, ni para compensar a los municipios ligados a una actividad turística que verían abaratado el costo de acceso masivo.

Ya se verá.