Mónica Garza

Qué desastre, sin Fondo…

GENTE COMO UNO

Mónica Garza *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Mónica Garza 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:
  • Mónica Garza

Mía tenía 3 años y pesaba sólo 12 kilos, con menos de un metro de estatura, según los reportes. Su casa, con ella adentro, quedó sepultada por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Su hermano de 5 años y su madre de 22, también murieron en esa tragedia que ha dejado a 144 familias afectadas, según me dijo Samuel Gutiérrez Macías, coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México.

Cuánto se ha ensañado la naturaleza con esa entidad, donde no había terminado la primera semana de septiembre y las calles de Ecatepec ya estaban convertidas en ríos de aguas furiosas, que junto con la lluvia se llevaron todo a su paso. Miles de familias vieron todo lo que tenían irse flotando.

A la vez que el estado de Hidalgo vivía la peor de sus tragedias con el desbordamiento del río Tula, el mayor registrado en 4 décadas. 17 pacientes de Covid-19 murieron en el hospital del IMSS en ese municipio, pero víctimas del agua, que subió de nivel tanto que colapsó la red eléctrica y con ella se fue la respiración asistida de los enfermos que murieron de asfixia.

De acuerdo a un informe publicado por el Banco Mundial, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2012, el territorio mexicano “está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más. Aproximadamente el 40 por ciento del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población, están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones”.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señala que en México sólo 4.5 por ciento de las familias cuenta con algún seguro de hogar, y de las más de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas, sólo 17 por ciento cuenta con algún tipo de seguro para hacer frente a siniestros.

Ante esta realidad y los datos duros —replicados por organismos nacionales e internacionales, una y otra vez—, la respuesta de la actual administración ha sido eliminar el Fondo de Desastres Naturales, como se publicó el pasado 27 de julio en el Diario Oficial de la Federación.

Y como si la naturaleza hubiera dicho “tengan, para que entiendan”, desde su desaparición el país ha enfrentado —además de los ya mencionados— efectos de huracanes como Grace, Ida y Nora, que dejaron graves daños en Veracruz o Jalisco, sin que hasta hoy los afectados tengan claro ¿qué apoyos tendrán?

El entierro de Mía, una de las víctimas del deslave del Cerro del Chiquihuite.
El entierro de Mía, una de las víctimas del deslave del Cerro del Chiquihuite.Foto: Cuartoscuro

El Fondo de Desastres Naturales, creado en 1999 como un instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil para enfrentar emergencias, fue considerado por la actual administración como una “caja chica que generaba corrupción”, “un barril sin fondo”, como le llamó el Presidente, antes de ser suprimido.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 —que debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre— se contemplan 9.2 mil millones de pesos para el Fonden, “ante las contingencias económicas enfrentadas como consecuencia de la materialización de eventos catastróficos”, señala el documento Criterios Generales de Política Económica 2022.

Pero la organización México Evalúa señala que, estos recursos “simplemente están ahí para reaccionar, en teoría, ante un desastre, sin reglas de operación o un esquema previsto de cómo y cuándo se van a asignar los recursos”.

El Seguro y Bono Catastrófico son las herramientas que contempla la SHCP para atender los desastres naturales, el primero con vigencia del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, con una cobertura hasta por 5 mil millones de pesos; el segundo con una cobertura por 8.9 mil millones de pesos contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, cuya vigencia será hasta marzo de 2024.

Aunque este mecanismo ya existía en México desde 2006, como un complemento del Fonden, que de ninguna manera brinda la cobertura suficiente.

Como advierte México Evalúa, “como todo seguro, es un instrumento donde las empresas que proveen la cobertura apuestan a que no se cumplirán las características mínimas para reembolsar los daños. En el caso del bono catastrófico que tiene México, sólo cubre contra daños de terremotos y huracanes, de cierta magnitud y en ciertas zonas del país”.

No se contemplan sequías, incendios forestales, nevadas, granizadas, frentes fríos, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas o tsunamis; y la cobertura contra terremotos varía según la intensidad y la zona y para su empleo.

Así, la lista de “extraordinarios”, cada vez más comunes, aumenta la incertidumbre y el riesgo para una población cada vez más vulnerada por la naturaleza, y pero aún, por la indolencia de una administración, ni estratégica ni previsora.