Diputación migrante, firme

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la diputación migrante para la capital federal.

El partido impugnador de la diputación mencionada fue Morena, el cual, en su Programa nacional, articula en 10 puntos su proyecto, y en el numerado como 9, “Por el respeto a los Derechos Humanos y contra la violencia”, declara que lucha por defender los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.

Es el mismo partido que, al registrar su plataforma electoral 2018-2024 ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, declaró que tiene como objetivo hacer un buen Gobierno... “un Gobierno con ética, que abra paso a la implementación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, y a las profundas transformaciones que ello implica, para hacer realidad el principio rector que le dio origen: la dignidad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Carlos Castillo Peraza manifestaba que gobernar era convertir solidaridades personales o grupales en instituciones o leyes, en bienes públicos. Nada más lejos de la postura de Morena, que registra documentos políticos en pro de los derechos de los migrantes y realiza actos legislativos regresivos.

El artículo 20 de la Constitución citadina ordena al Gobierno promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Y en su artículo 70 indica que las leyes que de ella emanen podrán reformarse, pero nunca en su menoscabo.

El Congreso local aprobó la figura de la diputación migrante, incorporándola al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero posteriormente la anuló.

La Sala Regional del Tribunal Electoral consideró inconstitucional la derogación de la diputación de marras realizada por la mayoría legislativa.

Morena planteó ante la Sala Superior que la derogación de la diputación migrante no debía ser revisada por el Tribunal Electoral, que era la Suprema Corte la competente.

Sin embargo, la Sala Superior resolvió que es un tribunal constitucional que revisa actos que afectan derechos políticos y electorales que hacen posible la participación de la ciudadanía en la integración de la representación. Es decir, le dijo a Morena que no se equivocara, que el tiro era ante ella.

Además, resolvió que la diputación migrante es un derecho especial, grupal y que su eliminación vulneraba el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que fue un retroceso; pero no quedó ahí: declaró que los legisladores no ofrecieron motivos de fuerza, argumentos suficientes para la cancelación, que su única justificación fueron dificultades técnicas y económicas en la instrumentación de esa figura. Es decir, una decisión insuficientemente justificada.

A Morena ni política ni jurídicamente le asistió la razón. Fue incongruente y perpetró un retroceso que pretendía cancelar la participación y representatividad de un grupo minoritario, subrepresentado, que reside en el extranjero, y transgredió el valor del pluralismo cultural.

Es claro que para Morena, la ciudad de derechos es sólo eslogan.