Votar desde el extranjero

Imagínese que para poder votar en las elecciones del 2 de junio tuviera que apartar su lugar en la casilla con por lo menos tres meses de anticipación, llenando un formulario y anexando documentación. ¿Cuál cree que sería el porcentaje de votantes que lo haría en tiempo y forma? Ésa es la realidad para la gran mayoría de quienes viven en el extranjero. Por eso es entendible que resulte tan grave la exclusión del listado nominal que el INE comunicó a más de 40,000 personas. 

La diáspora mexicana tiene una influencia fundamental en lo que sucede en el país. No se trata de un grupo que emigra y pierde vínculos con familia y sociedad que se queda, sino que generalmente mantiene fuertes lazos, económicos y afectivos en México. Recientemente, Leonardo Curzio definió la aportación de los migrantes a la economía mexicana, durante este sexenio, como una especie de Plan Marshall que ha logrado compensar el raquítico crecimiento económico (inferior al 1 por ciento).

No obstante, en lo político se ha regateado su participación históricamente. En 2006 se reconoció por primera vez su derecho a votar. No obstante, se introdujeron una serie de candados que hicieron muy complejo el registro y el ejercicio del voto. Estas barreras se han ido desmontando en las elecciones sucesivas, pero lo cierto es que es mucho más complejo votar desde el extranjero todavía. Paradójicamente, no obstante que se han aprobado acciones afirmativas para que los partidos tengan la obligación de postular a migrantes en candidaturas a diputaciones, los mexicanos, residentes en el extranjero, no pueden votar por ellos.

Un principio fundamental es que el voto en el extranjero debe ser igual de seguro que en territorio nacional. Ésta fue la forma de atajar el rechazo al reconocimiento al sufragio de quienes auguraban que el fraude electoral, proscrito en territorio nacional, iba a renacer desde el exterior. Parecería que esta máxima permanece vigente. Sin embargo, el INE fue más allá y eliminó masivamente a más de 40 mil potenciales votantes sin siquiera señalarles los motivos de su exclusión. Afortunadamente, la autoridad recapacitó y regresó el registro a cerca de la mitad de estas personas, no obstante que no sabrán en qué habían fallado y cómo se arregló su situación.

No sorprende la percepción de migrantes, que se inscribieron de buena fe, de que la actuación de la autoridad electoral representa un intento de inhibir su participación política. A eso hay que añadir la lamentable intervención de la canciller en una conferencia mañanera inmiscuyéndose indebidamente en temas que son responsabilidad exclusiva del INE. Por ello es fundamental que la autoridad determine uno a uno los casos de deficiencias o de dolo, a fin de que tome acciones positivas para contactar a todas las personas excluidas y demostrar fehacientemente su convicción en favor de alentar la participación de las y los migrantes.