AMLO, Centroamérica y Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió durante su campaña presidencial y los primeros años de su gobierno en que la mejor política exterior era la interior. En la recta final de su sexenio puede asegurarse que la máxima se ha cumplido al pie de la letra.

Es cierto que la relación con América Latina ha merecido un interés especial por parte de la actual administración. México ejerció la presidencia pro tempore de la Celac y concedió asilo al presidente Evo Morales y varios miembros de su gabinete, tras el golpe de Estado en Bolivia. También ha mantenido una interlocución privilegiada con los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Pedro Castillo en Perú.

Sin embargo, en términos de profundidad de las agendas bilaterales y regionales, la política exterior hacia América Latina y el Caribe está muy por debajo del prioritario vínculo que el gobierno de AMLO sostiene con Estados Unidos. Para México, el nexo con su vecino del Norte es una cuestión de política doméstica, por lo que la relación con América Latina se articula sobre un fluido acuerdo con Washington.

En buena medida, el “entendimiento bicentenario” con Estados Unidos es la base de toda la política exterior del gobierno de López Obrador. A partir de ese trazado de intereses comunes entre Estados Unidos y México, en términos de comercio, seguridad y migración, se ramifican los vínculos del gobierno de la Cuarta Transformación con Europa y Asia, América Latina y el Caribe.

No es casual que la actual gira del Presidente por Centroamérica y Cuba se produzca después de su conversación con Joe Biden y de la visita del canciller Marcelo Ebrard a Washington en las que se renovó el compromiso de México con la política de contención migratoria de Washington. México reiteró entonces que continuará reforzando sus dos fronteras con la Guardia Nacional y que, con independencia de si se suspende el título 42 de la política migratoria de Estados Unidos, seguirá deportando migrantes centroamericanos y caribeños.

Tras sellar su pacto migratorio con Estados Unidos, el gobierno de AMLO recurre a la diplomacia para contrarrestar simbólicamente sus prioridades. El énfasis en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, así como el reclamo de la falta de apoyo financiero de Estados Unidos al desarrollo regional, sirven para dotar a la política de contención migratoria de un cariz autónomo.

Los gobiernos centroamericanos y caribeños aprovechan esa proyección diplomática para autorizarse y legitimarse ante sus ciudadanías y la comunidad internacional. El guatemalteco Alejandro Giammattei intenta rebajar su imagen de corrupción, el salvadoreño Nayib Bukele apuntala su cruzada punitiva contra las pandillas de la Mara Salvatrucha, la hondureña Xiomara Castro capitaliza su afinidad ideológica con AMLO.

Un gobierno tan iconocéntrico como el cubano hará de la visita presidencial un evento apoteósico de solidaridad mexicana, rechazo al bloqueo de Estados Unidos y crítica a la exclusión de la isla de la Cumbre las Américas en Los Ángeles. Como en la época del viejo PRI, se hablará de los lazos históricos entre las dos revoluciones, de la admiración por Fidel y el Che, y de la recuperación de la colaboración cultural y científica, pero lo cierto es que, bajo la 4T, la agenda bilateral entre México y Cuba no acaba de despegar y el vínculo con Estados Unidos se refuerza.

Por debajo de la hojarasca simbólica y afectiva, el gobierno mexicano deberá tratar el tema migratorio con el cubano. Tendrá que informar a La Habana de sus acuerdos con Washington en materia de deportaciones y no podrá ocultar que el paso de cientos de miles de cubanos por territorio mexicano es un punto de conflicto con Estados Unidos. Aunque lo intenten, los mitos no podrán ocultar la realidad de una crisis migratoria de la que México forma parte en todas sus variantes: como emisor, como tránsito y como destino.