La criminalización de la protesta

El sociólogo Haroldo Dilla, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, en Chile, llama la atención sobre las estrategias retóricas que siguen los gobiernos latinoamericanos para justificar la represión y criminalizar la protesta. Mientras en países como Venezuela y Nicaragua se llama a los manifestantes “golpistas” y “agentes del imperialismo”, en Chile o Colombia se les llama “castrochavistas” y “narcoterroristas”.

En el lenguaje de las izquierdas y derechas latinoamericanas se articula un discurso transversal que responde a la misma lógica descalificatoria, aunque con glosarios distintos. El objetivo de unos y otros es localizar a los manifestantes en una peligrosidad, donde convergen la violación de la ley (delincuentes, vándalos, marginados), los estereotipos raciales, sexuales o generacionales (indígenas, afrodescendientes, feministas, jóvenes) y la enemistad política (populistas o neoliberales, socialistas o conservadores).

Veamos tres ejemplos de las últimas semanas. En Río de Janeiro tuvo lugar una redada contra una pobre favela, con un saldo de 25 civiles muertos. Desde su cuenta de Twitter, el presidente Jair Bolsonaro felicitó a la policía por la masacre y calificó a las víctimas de “traficantes que roban, matan y destruyen familias”, que “la prensa de izquierda quiere presentar como ciudadanos comunes”.

En Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe ha llamado a que la policía y el ejército usen la fuerza para “defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Seguidor del ideólogo chileno Alexis López, quien sostiene que la izquierda latinoamericana promueve una “revolución molecular disipada” a través de juventudes conectadas a la red, Uribe recomienda hacer del Estado una gran maquinaria contrainsurgente.

El pasado 30 de abril, en La Habana, varias decenas de jóvenes intentaron solidarizarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre. La huelga fue la respuesta del artista a un allanamiento de su casa, seguido de un arresto irregular y la incautación y destrucción de sus obras. Desde el 2 de mayo, Otero permanece recluido e incomunicado en un hospital y más de una docena de jóvenes siguen encarcelados o en espera de proceso judicial. El presidente Miguel Díaz Canel, en el congreso del Partido Comunista de Cuba, sostuvo que los artistas e intelectuales del Movimiento San Isidro y el 27N son “artivistas del caos, la vulgaridad y el desacato”, “lumpen mercenarios” que promueven lo “banal, lo vulgar, lo indecente y lo falso en el pensamiento y la cultura”.

Hay quienes sostienen que no se puede comparar la represión en Brasil o Colombia con la de Venezuela o Cuba. Claro que se puede —desde Vidas paralelas de Plutarco se compara lo diferente—, aunque no se deben equiparar. La letalidad de la represión puede ser distinta, pero el lenguaje de la exclusión es parecido.