La democracia directa bien entendida

Cada cierto tiempo aparece en América Latina un gobierno o gobernante que propone reemplazar la democracia representativa con la democracia directa. Es un tópico que se manejó en la opinión pública venezolana, ecuatoriana y boliviana en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, una ojeada al saldo de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa arroja que ninguno reemplazó la democracia representativa.

Académicos como David Altman, Bruno Kauffman, Alicia Lissidini, Yanina Welp y Daniel Zovatto han cuestionado esa falsa expectativa en estudios concretos sobre la democracia directa en América Latina. En décadas recientes, muchos países latinoamericanos incorporaron mecanismos de democracia directa, como referéndums, plebiscitos, consultas populares e iniciativas ciudadanas de ley, sin que por ello la democracia representativa sea suplantada.

El argumento teórico y empírico de estos autores es que esos mecanismos, por su orientación a aspectos o coyunturas del sistema político, no pueden sustituir el funcionamiento total de los órganos legislativos y electorales. No sólo no se puede legislar y gobernar diariamente a base de plebiscitos sino que para llevar adelante cualquier consulta popular son necesarias las instituciones electorales y representativas.

En 2004, en Venezuela, tuvo lugar un referéndum revocatorio basado en el artículo 72 de la Constitución de 1999, que decía que todos los cargos eran revocables a mitad del periodo. La condición para activar el referéndum era una solicitud de un 20% de electores, objetivo que logró la oposición y presentó al Consejo Nacional Electoral. Chávez ganó aquel revocatorio por 59% de los votos y el sistema representativo siguió funcionando.

En 2016, la oposición venezolana intentó activar un nuevo referéndum revocatorio, esta vez, contra el presidente Nicolás Maduro, y recogió y presentó las firmas al CNE. Las encuestas llegaron a dar estimados de triunfo para la oposición por más del 70%. El régimen de Maduro se las agenció para posponer la solicitud y llegar al límite de cuatro años de su mandato, cuando un recoveco constitucional le permitía desactivar el mecanismo. El deterioro del sistema representativo en Venezuela no es resultado de un tránsito a la democracia participativa o directa sino de lo contrario: el abandono de instrumentos plebiscitarios por miedo a perder el poder.

En América Latina, el país que más seriamente ha incorporado constitucionalmente la democracia directa y que con más regularidad la practica es Uruguay. El último de esos ejercicios acaba de celebrarse en días pasados, cuando por sólo 22 000 votos de diferencia, la mayoría de los uruguayos votó por no derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente de Consideración. Un paquete legislativo muy abarcador, promovido por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2020, que condensa su política económica, social, penal y de seguridad.

La oposición uruguaya, encabezada por el Frente Amplio, recogió cerca de 800 000 firmas de ciudadanos electoralmente empadronados en el verano de 2021. Para un país de tres millones y medio de habitantes y dos millones y medio en el padrón electoral, la solicitud tenía un respaldo de casi la tercera parte de los votantes. La derecha gobernante ganó a la izquierda opositora, sin embargo, el Frente Amplio reconoció los resultados a pesar de sostener que la “ley ómnibus” vulnera derechos básicos de la población y fomenta abusos policiales contra manifestaciones públicas.

Pronto México celebrará un referéndum revocatorio presidencial que, extrañamente, no ha sido convocado por la oposición. No parece haber antecedente de algo así en la historia política y constitucional latinoamericana contemporánea. Mal favor hacen al proyecto gobernante quienes presentan ese mecanismo como el principio del fin de la democracia representativa.