El desafecto político en Cuba

La reciente elección de la Asamblea Nacional en Cuba, que pronto procederá a reelegir de manera indirecta a Miguel Díaz-Canel, recibió muy poca atención de los medios de comunicación globales y una cobertura triunfalista, como es habitual, de parte de la prensa oficial cubana. Sin embargo, su importancia es mayor de lo que sugiere ese desinterés mediático.

El periodista mexicano Gerardo Arreola, corresponsal por muchos años de La Jornada en la isla, llamó la atención sobre el notable aumento, en los resultados electorales, de la abstención y los votos selectivos, nulos o en blanco. En contraste con las elecciones de 2018, el abstencionismo pasó del 14% al 24%. El voto particular, es decir, no por todos los diputados, la opción prioritaria y más publicitada del gobierno, ascendió de 19% a casi 28%. Los sufragios en blanco o anulados llegaron a cerca de un 10%.

Si esos tres indicadores se suman resulta que más de un 60% de los electores cubanos no votó en bloque por lo que deseaba el gobierno. Este gesto de castigo no alterará la llegada de los 470 diputados a la Asamblea Nacional, ya que en las extrañas elecciones cubanas sólo hay un candidato por escaño, pero manda el mensaje clarísimo de que existe una mayoría de ciudadanos que expresa su malestar por vía del sufragio.

El gobierno tuvo oportunidad de reformar su obsoleto sistema electoral durante el pasado proceso constituyente, cuando muchos ciudadanos pidieron eliminar las “Comisiones de Candidatura”, entidades compuestas por organismos gubernamentales que filtran a los candidatos de base, y pasar a la elección directa del presidente. Si esas reformas se hubiesen adoptado en la Constitución de 2019, hoy la reelección de Díaz-Canel estaría en duda.

El sistema electoral cubano —partido único, falta de competencia y de un organismo electoral autónomo, elección indirecta del mandatario, comisiones oficialistas de candidatura— es tan atípico en América Latina y el Caribe que, de manera inevitable, tiende a ser pensado y comentado desde el predominante lenguaje democrático de la región. De ahí que no pocos interpreten que los resultados electorales denotan un mayor protagonismo o liderazgo de la oposición.

No necesariamente es así, ya que la oposición organizada sigue siendo minoritaria y carente de representación legítima en Cuba. Lo que sí reflejan los resultados es el ascenso de un desafecto político y de una inconformidad específica con el gobierno de Díaz-Canel. Las muestras de ese malestar han sido numerosas en los últimos años, pero las más evidentes acaso sean las protestas populares en el verano de 2021 y el éxodo masivo a partir de 2022, que ya alcanza la cifra récord de 300 000 cubanos.

El sistema político y electoral cubano fue diseñado en la época del socialismo real, durante la Guerra Fría, cuando no existía esa mayoría inconforme. Fue un sistema armado en un periodo de relativo consenso, pero con un sentido muy preciso de prevención ante cualquier turbulencia. Ahora la turbulencia estalla en los ojos de una élite que se resistió a conducir una reforma política, justamente, por miedo a la visibilidad del malestar.

La pregunta que no podrá eludir esa dirigencia es si el inmovilismo es preferible al reformismo, una vez que el número de desafectos muestra una tendencia tan ascendente. Dicho más claro: ¿qué garantiza mayor estabilidad en la Cuba cada vez más plural del siglo XXI: un sistema sin representación legítima de opositores y sin la menor posibilidad de alternancia en el poder, u otro como el actual, concebido para perpetuar a la misma burocracia?

A juzgar por lo sucedido en los últimos cinco años, bajo esta presidencia de Miguel Díaz-Canel, la respuesta parece clara. Una alternativa más flexible que la adoptada en la Constitución de 2019 y en tantos decretos restrictivos, tal vez hubiera podido impedir o, al menos, atemperar el terrible saldo de este quinquenio.