Estado de excepción en El Salvador

Aunque no forma parte de la Alianza Bolivariana, el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, se ha posicionado consistentemente del lado de Venezuela, Nicaragua y Cuba en las más recientes votaciones de la ONU sobre la invasión rusa de Ucrania. No es ése el único gesto que aproxima el actual proyecto político salvadoreño al polo más claramente autoritario de la región, pero sí uno de los más reveladores.

El arranque de este año ha sido especialmente violento en el país centroamericano. En pocos meses se han acumulado decenas de muertos como consecuencia del choque entre pandillas.

Los nuevos brotes de violencia se agregan a un potencial migratorio en ascenso, que El Salvador comparte con Guatemala y Honduras. Ante esa espiral de violencia, el gobierno de Bukele ha decidido actuar como si se tratara de una guerra personal del presidente contra las bandas criminales.

En su cuenta de Twitter, Bukele se dirige en tono amenazante a los jefes de las pandillas: presume de más de mil arrestos realizados por su gobierno y presenta a los detenidos como rehenes, en condiciones precarias, para lograr la desmovilización de los grupos delincuenciales.

Sus mensajes se dan acompañados de fotos de multitudes de reos, muchos de ellos menores de edad, y de cuerpos del Ejército fuertemente armados. El aumento del presupuesto militar, que Bukele ha impulsado en los últimos años, se justifica en esas escenas de triunfalismo oficial.

El gobierno salvadoreño ha decidido escalar un peldaño más en su lucha contra las pandillas por medio de un decreto de estado de excepción. Aprobado por mayoría en el congreso, el decreto suspende las garantías constitucionales y otorga al gobierno la potestad de realizar arrestos arbitrarios, disgregar reuniones públicas e intervenir teléfonos sin orden judicial.

Según el propio Bukele, que maneja las estadísticas como si se tratara de un cómic, su gobierno tiene unos 17,000 pandilleros en la cárcel.

La justificación mediática del estado de emergencia por parte del gobierno salvadoreño, recurre también al ataque a organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales involucradas en la defensa de los derechos humanos.

Dos de sus blancos favoritos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que acaba de documentar serias irregularidades del Estado mexicano en el caso de los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Los ataques oficiales a la CIDH y el GIEI, por parte del gobierno de Bukele, recuerdan a los de Daniel Ortega hace unos tres años, cuando esas instituciones y otras entidades defensoras de derechos humanos documentaron la represión contra las manifestaciones populares en Nicaragua.

Aunque su origen ideológico es muy distinto, el poder salvadoreño converge con gobiernos que rechazan la normativa internacional de los derechos humanos y avalan la invasión rusa de Ucrania.