La remilitarización de América Latina

En México es común explicar lo que sucede en el país desde una lógica estrictamente nacional o, a lo sumo, bilateral, en relación con Estados Unidos. Pero lo cierto es que mucho de lo que sucede en el presente mexicano responde a tendencias regionales, latinoamericanas y caribeñas, o más específicamente, de la zona que va de las costas del Pacífico y el Caribe colombiano y venezolano hasta las fronteras con California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Desde hace unos cuatro o cinco años, varios autores (Verdes-Montenegro, Diamint, Kurtenbach, Reiter…) vienen advirtiendo de la emergencia de un “nuevo militarismo” en América Latina y el Caribe. El fenómeno responde a múltiples causas: aumento de la pobreza y la desigualdad, expansión de diversas formas de violencia, consolidación de bandas criminales ligadas a los negocios de la droga o el tráfico de personas, inseguridad generalizada, estallidos sociales.

Varios gobiernos de la región, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador, han aumentado el presupuesto del ejército y han reforzado el protagonismo de las fuerzas armadas en la vida pública de esos países. Otros gobiernos, como los de Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador e Iván Duque en Colombia recurrieron a estados de emergencia y a ampliación de capacidades operativas de los ejércitos en materia de control de la subversión.

En otros países de la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hay tal remilitarización, ya que la centralidad del ejército tanto en el poder político y económico como en la estructura represiva del Estado siempre ha sido evidente. En buena medida, esos regímenes actúan como precursores del nuevo militarismo que avanza en América Latina, lo mismo desde la izquierda que desde la derecha.

La peculiaridad de la región caribeña y centroamericana, de la que también forma parte México, en esta remilitarización, es una múltiple convergencia de focos de inseguridad provenientes de las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración. La intersección entre esas lógicas es incendiaria y genera un desplazamiento de funciones al ejército en temas de seguridad que, a la vez que fortalece la institución militar, resta competencias a policías e instancias civiles de protección y prevención de delitos.

Estados Unidos, principal importador de drogas y exportador de armas a la región, destino fundamental de las crecientes diásporas de estos países, está también involucrado en la crisis de seguridad que vivimos. Un involucramiento que, como se ha visto en México y Centroamérica, se traduce en políticas de contención migratoria, pero también en mayor operatividad de agencias anticriminales, que alientan la militarización. Sean como aliados o como contrapartes, los ejércitos latinoamericanos se vuelven más fuertes en su interlocución con agencias estadounidenses.

Dado que para Estados Unidos es una prioridad detener el flujo migratorio y el tráfico de drogas, son los ejércitos y las instituciones de seguridad de la región los que mejor pueden contribuir a ese objetivo. No sería la primera vez en la historia que Estados Unidos se entiende con ejércitos poderosos de este lado, siempre y cuando no se alíen con sus rivales globales, como el cubano en el pasado o el venezolano en época más reciente.

El militarismo, sin embargo, puede ensanchar más los márgenes de colaboración entre América Latina y potencias como Rusia. Lo que es más grave aún: puede conectarse con los brotes autoritarios que tienen lugar en democracias jóvenes, poco consolidadas e institucionalmente tan descuidadas como las latinoamericanas. En México, ya hay señales de concentración del poder y empoderamiento económico y político de los militares, que pueden amenazar la democracia mexicana en un futuro próximo.