Violencia en el Arauca

El estado de Apure y las riberas del Arauca, en la frontera entre Venezuela y Colombia, llevan años inmersos en un conflicto que ha costado decenas de miles de vidas. Como paso fronterizo, la región ha sido escenario de la gran presión migratoria de cientos de miles de venezolanos que huyen de su país. Pero la zona se ha convertido, también, en base de operación de grupos armados, ligados a redes de narcotráfico y paramilitarismo de ambos países.

Dado que el conflicto tiene lugar en la frontera entre dos países enemistados por un diferendo bilateral, que se remonta a los últimos años de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, las narrativas se ven secuestradas por uno u otro actor y sus aliados internacionales. Tras el interregno de Juan Manuel Santos, el conflicto escaló con los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque, ubicados en las antípodas de la geopolítica latinoamericana.

Los partidarios de Maduro sostienen que lo que sucede en la frontera es que grupos paramilitares colombianos, respaldados por el gobierno de Duque, intentan desestabilizar la región para subvertir a Venezuela. Lo acaba de declarar el Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, quien dijo que la “oligarquía colombiana financia organizaciones criminales y terroristas” e intenta “exportar un modelo narcoparamilitar a Venezuela”.

Del lado oficial colombiano y, también, de Washington, la crisis fronteriza se debe al colapso económico y social generado por el gobierno de Nicolás Maduro o a su deseo de llamar la atención de Estados Unidos con el objetivo de que la administración Biden-Harris avance en la distensión. Es lo que acaba de declarar, palabras más, palabras menos, la Subsecretaria de Estado Wendy Sherman.

Lo cierto es que el conflicto es más complejo e involucra actores muy diversos que van desde el Cártel de Sinaloa hasta facciones disidentes de las FARC, que se opusieron al proceso de paz impulsado por Santos, con apoyo de Cuba y Venezuela, y que ahora hostilizan no sólo al ejército colombiano sino al venezolano. Convertir ese tiroteo de varias direcciones en una batalla de dos frentes puede ser una ficción socorrida, para ganar tiempo en el corto plazo, pero no para viabilizar una solución plausible.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dicho que Colombia es un “narcoestado”, insinuando con ello que el gobierno colombiano controla o, eventualmente, cede el control de la zona a paramilitares. En realidad, como reportan tantos periodistas que trabajan sobre el terreno, ninguno de los dos gobiernos controla plenamente esa explosiva región.

Si terceros países como Estados Unidos y México quieren contribuir a la distensión en la frontera entre Venezuela y Colombia deberían evitar alinearse ideológicamente con uno u otro gobierno. El gobierno mexicano, por ejemplo, y su nueva prensa oficial, no podrían abordar seriamente el conflicto sin reconocer el papel de los cárteles de la droga de este país.