Retos de la red compartida

La empresa Altán Redes que ganó la licitación en el gobierno de Peña para desplegar y operar la concesión de lo que se conoce como red compartida, está pasando por un momento crítico. Ya fue aceptada su petición de concurso mercantil para ganar tiempo con acreedores y además conseguir más flujo de efectivo que le permita mantener la inversión en la red.

Además de la renegociación de su deuda, el tema complejo de Altán Redes está en cumplir con su meta de cobertura poblacional del 92% en el año 2024. Actualmente, según información de la propia empresa, cubre el 65.79% de la población con cobertura propia y el resto a través de otras redes disponibles, llegando a más 3.9 millones de usuarios finales, a través de sus más de 100 clientes mayoristas.

Altán tiene el compromiso de llevar cobertura a más de 122 mil localidades de menos de 5 mil habitantes para 2022, hoy, de acuerdo con sus planes, cuenta con un avance de 87,981 localidades con cobertura 4.5G en todo el país.

Aparentemente el gobierno del Presidente López Obrador está en buena disposición de colaborar para que este ambicioso proyecto de telecomunicaciones llegue a buen puerto. El órgano regulador, Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que revisar con lupa el título de concesión y seguramente otorgar prórrogas para el cumplimiento de los compromisos por parte de Altán.

Además, hay que recordar que uno de los acreedores más importantes de la red compartida es el Gobierno federal a través de la banca de desarrollo, particularmente Banobras. Está en su interés darle viabilidad al proyecto.

Se estima que Altán ha invertido alrededor de mil millones de dólares hasta ahora en el despliegue y operación de la red, que incluye la banda de los 700 MHz, misma que se liberó con la transición de la televisión analógica a la digital.

Vale la pena precisar que la red compartida es un operador más de telecomunicaciones para llevar servicios fijos y móviles de banda ancha, sin que se le pueda dar atención directa al usuario final. Es decir, es lo que se conoce como un “carrier de carriers” para que otros operadores puedan utilizar su infraestructura para ofertar servicios al cliente final.

Más allá del modelo de negocio, y del lucro que eventualmente llegue a tener Altán, la red compartida también tiene un alto contenido de carga social para lograr que efectivamente llegue el Internet a las comunidades más alejadas del país y con ello lograr elevar el nivel de conectividad de la población. Recordemos que uno de los eslóganes de la 4T es “Internet para todos”.