¿Y si la oposición gana en 2024?

Uno de los pilares de la democracia electoral es la incertidumbre en el resultado de una votación.

Por supuesto que existen mediciones y herramientas que permiten, en muchos casos, anticipar la probabilidad de triunfo de una u otra opción previo a una jornada electoral.

Pero no pocas veces, más en este México moderno, nos hemos llevado sorpresas con elecciones que rompen cualquier pronóstico hecho por encuestadoras y opinadores.

Por eso, es tan importante en una democracia unas reglas de juego aceptadas por la totalidad de los competidores. Porque más allá de los mecanismos de inconformidad e impugnación, el resultado final debe ser aceptado por todos los participantes.

Más en una democracia como la mexicana, donde nadie gana todo, ni pierde todo. Donde figuras como los legisladores de representación proporcional o los Senadores de primera minoría de cada entidad, balancean el espectro político y dan voz a las minorías.

En las siguientes semanas, se discutirá la iniciativa de Reforma Electoral que el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados.

De entrada, es singular que una reforma electoral se de en la segunda mitad de un sexenio y que su origen sea el oficialismo. Normalmente, se utilizan las elecciones intermedias del tercer año de un gobierno para probar los cambios, previo a las elecciones principales, las presidenciales.

Y es singular que el origen sea el oficialismo, porque históricamente, las reformas electorales han sido conquistas de la oposición que, tras procesos electorales polémicos o cuestionados, han provocado, de la mano con la opinión pública y la sociedad civil, cambios en las reglas para democratizar los procesos electorales. Así fue la reforma electoral de 1977, que abrió la representación realmente a la oposición, la de principios de la década de 1990 que le quitó las elecciones de las manos a la Secretaría de Gobernación, e incluso la de 2007 que buscó corregir vicios que polemizaron y polarizaron tanto la elección de 2006.

Más allá del origen de la actual reforma y de lo alejadas que parecen las posiciones del Gobierno y sus aliados frente a la de la oposición, nada le conviene más al país que encontrar los puntos medios entre ellos.

Tenemos un año para terminar de definir las reglas con las que se jugará la sucesión presidencial de 2024, porque el proceso electoral arranca, legalmente, en octubre de 2023. Y nada sería más peligroso, que uno de los jugadores las desconociera por anticipado.

Si en 2024, la oposición se alza con un triunfo, este sería, casi con toda seguridad, por un margen no superior a los 5 puntos porcentuales. ¿Existe un escenario en el que el presidente y su partido acepten un resultado adverso, así sea apretado?

Porque de no hacerlo, la crisis política y constitucional a la que nos enfrentaríamos, sería histórica. Muy distinta a cualquier otro conflicto postelectoral al que nos hayamos enfrentado, incluido el de 2006. Porque en 2024, sería el mismo gobierno el que rechace el proceso. Una crisis política de esas características dejaría un peso enorme sobre el poder judicial y, en la práctica, sobre las fuerzas armadas.