Jueces contra la justicia de las mujeres

El próximo viernes es el Día Internacional de las Mujeres. Como cada año, veremos un despliegue de pirotecnia política que busca distraer la atención de las soluciones sustantivas que exigiría un mínimo de coherencia y toneladas de decencia. 

Las agendas de las instituciones se llenarán con conferencias de mujeres —que no serán pagadas—, con eventos improvisados en los que se repetirán lugares comunes —“somos aliados”— y con el infaltable “pronunciamiento de tolerancia cero a la violencia de género”, que no es más que un documento con palabras huecas y oídos sordos.

A pesar de las marchas y los esfuerzos, la realidad es que la violencia en contra de las mujeres continúa siendo la norma, no la excepción. Los agentes encargados de prevenirla son omisos; quienes deben atenderla, se escudan en subterfugios jurídicos para declararse “incompetentes”; y es mejor no hablar de sanciones.

El caso más escandaloso es el del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela quien, hace apenas unos días, exculpó al agresor de un niña de cuatro años, a pesar de las pruebas presentadas por la defensa de la víctima, pues la menor no recordó la fecha exacta de la agresión.

Cualquiera que estudie violencia sexual sabe que, dada la naturaleza del trauma sexual, lo esperable era que la menor bloqueara ciertos elementos del ataque. Pero si nuestros jueces carecen de la formación necesaria, seguiremos viviendo en el oasis de los violentadores.

Consideremos tres casos que pueden servir de guía. El sistema judicial estadounidense, desde hace más de una década, implementó cursos para que desde los primeros respondientes, los policías hasta los jueces, pudieran conocer, investigar y sancionar los casos de violencia sexual considerando la naturaleza traumática del evento.

Lo mismo ocurre en Canadá, en donde se consideran también otras condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como la pertenencia a grupos originarios. Por su parte, Israel cuenta con los centros más avanzados en atención del trauma sexual y contemplan también la atención cuando éste se utiliza como arma de guerra.

El común denominador de todos estos países es que se han tomado en serio sus palabras y sus compromisos para prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Para ello, desarrollaron investigación, capacitaron a los juzgadores y sancionaron ejemplarmente a los encubridores y a los agresores. Todo ello, bajo la premisa de que la violencia de género no es un problema entre dos personas, sino un asunto que impacta a toda la comunidad: una patología social.

Destituir o sancionar a Manuel Alejandro Martínez Vitela es un acto más de pirotecnia: chispas ruidosas que se olvidan en un pestañeo.

El camino que hay que construir es otro. Este 8 de marzo, vale la pena enfocarnos en las acciones y respuestas que las instituciones han dado a las denuncias: porque los moñitos rosas no han salvado una sola vida.