Dejar al Estado sin talentos: más caro el caldo…

En los últimos cuatro meses, las condiciones laborales del sector público han sido mermadas considerablemente. No fue sorpresivo: el candidato López Obrador anticipó, cuanta vez tuvo oportunidad, que adelgazaría el aparato burocrático y reduciría salarios, comenzando por el presidencial. Ahora, Morena-AMLO buscan prohibir que exfuncionarios públicos de “áreas estratégicas” sean contratados por privados del mismo sector en un periodo de 10 años.

Apretarle el cinturón al Estado puede ser buena idea, pero exagerar y provocar una fuga de talentos perjudicará a todos los mexicanos, incluidos los votantes de Morena.

El 31 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (aprobada el 13 de septiembre por Morena y aliados), en la que se cerró la puerta a las pensiones de expresidentes, se ajustaron a la baja los sueldos públicos y se fijó como techo el salario del Presidente. En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019 se hicieron los ajustes correspondientes a los salarios de la alta burocracia –aunque también, por ejemplo, a los sueldos de investigadores y personal administrativo y sindicalizado de los centros públicos de investigación del país–.

Ahora el Presidente ha puesto la mira en los conflictos de interés entre sectores público y privado, lo cual resulta urgente en un país con un sólido “capitalismo de cuates”. Pero hay muchas maneras de alcanzar un fin y algunas son mejores que otras.

Desde el martes 19 de febrero, se discute en el Senado una iniciativa presentada por Morena (que AMLO declaró que promovió) que busca reformar los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El objetivo es que los funcionarios que posean información privilegiada al dejar su cargo deban reservársela por 10 años y durante ese mismo periodo no puedan ser contratados en el sector de la economía en el que se desempeñaron (para ambos casos, la restricción que marca actualmente dicha ley es de un año). Así, un experto en energías renovables con la oportunidad de trabajar en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tendría que considerar que cuando deje el cargo deberá esperar 10 años para volver a poner en práctica en el mercado laboral la experiencia y el conocimiento que adquirió incluso antes de entrar a la CRE.

El efecto indeseable de las medidas del Presidente es que se está haciendo cada vez más costoso para los individuos trabajar en el sector público. Indeseable porque los sectores público y privado compiten en el mercado laboral por perfiles con talento y capital humano, y mientras más costoso sea trabajar en el sector público, mayor ventaja tendrá el sector privado en esa competencia. La consecuencia es que el Estado mexicano se drene de talentos y termine por empeorar su funcionamiento.

Poniéndolo en términos del discurso del Presidente: es igual de corrupto robarse los recursos públicos que consentir su dispendio con tal de borrar cualquier huella del pasado.